La propuesta de Batasuna

LA ÚLTIMA propuesta de Batasuna sobre la posible integración de Navarra en el País Vasco es a la vez insuficiente y novedosa. Es antigua y bien conocida la pretensión del movimiento abertzale de incorporar Navarra al País Vasco, pero es la primera vez que Batasuna admite que esa eventual integración en una única comunidad política formaría parte del Estado español -sin que ello implique renunciar al independentismo- y, sobre todo, es la primera vez que reconoce que semejante operación requeriría el pronunciamiento democrático tanto de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca como el de los de la Comunidad Foral de Navarra. Es cierto que la disposición transitoria cuarta de la Constitución contempla la posible incorporación de Navarra al País Vasco, aunque deja muy claro que tal eventualidad sólo se puede producir a iniciativa del órgano foral (Parlamento), requiriéndose además que la decisión sea ratificada en referéndum expresamente convocado a tal efecto. Si la iniciativa no prosperase, sólo se podría reproducir transcurrido un plazo mínimo de cinco años. Es obvio, pues, que la iniciativa corresponde al Parlamento de Navarra y no al Gobierno, y que la decisión final, llegado el caso, depende exclusivamente de la voluntad del pueblo navarro expresada en referéndum. Así pues, podría parecer que la propuesta de Batasuna se ajusta a las exigencias democráticas y constitucionales. Pero una cosa es que, desaparecida ETA y erradicada la violencia, Batasuna pretenda la incorporación de Navarra al País Vasco, y otra muy distinta que ese objetivo sea una condición previa para lograr el cese definitivo de la violencia. Otegi sabe perfectamente, o debería saber, que la democracia española no puede abrir una negociación política bajo la coacción que supondría la amenaza de ETA de volver a las andadas en el caso de que lo acordado por los agentes políticos no coincida con las pretensiones de la organización terrorista. Un proceso negociador que no hiciese valer desde el principio la libertad frente a semejante tutela arrojaría siempre una sospecha de ilegitimidad sobre los resultados que una democracia no puede asumir jamás. Por eso es necesario que las eventuales reformas del marco jurídico-político no sean condicionadas, ni puedan ser siquiera consideradas como consecuencia de las amenazas de ETA. Sería democráticamente inaceptable que algo tan legítimo como el desarrollo del autogobierno vasco, o la aplicación de las previsiones de la transitoria cuarta de la Constitución, pudieran atribuirse a la presión de una amenaza terrorista o incluso al deseo de ponerle punto final. Esa falta de legitimidad abriría sin duda una nueva herida allí donde quería cerrarse otra. Por eso la propuesta de Batasuna, aunque novedosa, es insuficiente. O ETA se disuelve o Batasuna rompe formal y efectivamente con la organización terrorista. No hay otra alternativa para que Otegi y sus seguidores puedan participar en una posible reforma del autogobierno del País Vasco o de Navarra.