La Ley derrota ideologías

LAS FRONTERAS que venían separando ideologías en la Judicatura saltaron anteayer por los aires cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo unió en una sentencia que rozaba la unanimidad a sus trece magistrados, siete conservadores y cinco progresistas. El TS ha rebajado a tres años la condena a 12 años y 7 meses que había dictado contra el etarra De Juana Chaos la Audiencia Nacional. Las deliberaciones del Supremo sobre la situación penitenciaria del preso de ETA se han desarrollado en un ambiente de serenidad y minuciosidad jurídica del que habría adolecido la Sala de lo Penal de la Audiencia, reunida precipitadamente hace tres meses para evitar lo que podría haber sido una decisión favorable a la libertad de De Juana si el tribunal ordinario, de tres magistrados, no hubiera anticipado el sentido de su decisión. Una corriente de sentido común estaría atravesando altas esferas del poder judicial para difuminar en favor de la interpretación más razonable de la ley toda postura inspirada en tendencias políticas. El Tribunal Supremo ha corregido una sentencia de la Audiencia Nacional que muchos juristas consideraban desorbitada. Lo cual no ha complacido a todo el mundo, pues mientras algunos portavoces del PP respetan, pero no acatan con agrado, esta notable rebaja de una pena, la Asociación de Víctimas del Terrorismo empieza a organizar una manifestación de protesta en Madrid para el próximo día 24, sábado. Tiene el PP una semana y media para estudiar si se suma a esta nueva iniciativa de la AVT o la rechaza, pues la dirección «popular» nunca se manifestaría contra el Tribunal Supremo. Pero en estos próximos diez días, el Gobierno, a través de Instituciones Penitenciarias, podría conceder a De Juana la libertad condicional pues está a punto de cumplir las tres cuartas partes de su condena, o la prisión atenuada en su domicilio, donde podría interrumpir o continuar su huelga de hambre. Si el preso etarra recuperase alguna forma de libertad, podría ser la del tercer grado, el PP sí podría manifestarse junto a la AVT, pero no contra el TS sino contra el Gobierno, por no hacer que De Juana cumpla íntegra su pena. Y como si un reguero de sensatez recorriese hasta los sectores más coriáceos de los analistas jurídicos, resulta que la recusación por el TC del magistrado Pérez Tremps para intervenir en las deliberaciones sobre el «Estatut» de Cataluña, recurrido por el PP, parece ahora correcta incluso a muchos de los que inicialmente, y antes de conocer el texto justificativo de la recusación, clamaron contra la desmedida politización de nuestro más alto tribunal. En su informe por encargo de la Generalitat, el entonces profesor Pérez Tremps analizó, tomando postura, los límites constitucionales ante la asunción de competencias por Cataluña, lo que al TC le parece un elemento objetivo en la suspicacia del PP acerca de la imparcialidad del magistrado. Pero no todo es ambiente paradisíaco en el poder judicial, sobre todo si se mira al TSJ del País Vasco, muy en sus trece al rechazar el archivo de las denuncias del PP y del Foro de Ermua contra los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares por hablar con Batasuna, supuesto delito por el que se les abra una causa, que se incorpora a la incoada ya contra el lendakari Ibarretxe.