Diario de León
Publicado por
JORGE DEL CORRAL
León

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REPRESENTANTES de partidos independentistas y algún catedrático han calificado de golpe de Estado la recusación del magistrado del Tribunal Constitucional Pérez Tremps para intervenir en el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña, alegando que los magistrados y profesores que llegan a aquél pueden opinar sobre textos legales sin que por ello queden contaminados para emitir un dictamen posterior. Otros argumentan que una cosa es opinar sobre textos legales y otra muy distinta que el recusado participara en el asunto objeto del pleito. Si el recusado hace un dictamen pagado, que además se tiene en cuenta, ¿cómo negar esa participación que prevé la ley? La recusación, subrayan, es clarísima y de libro. Si la controversia se limitase al mundo jurídico la cosa carecería de importancia porque ese es su ámbito y todos los días se sustancian en los tribunales recusaciones similares sobre materia a juzgar. Lo preocupante es que muchos de los que califican de golpe de Estado la recusación de Tremps añadan que nadie en su sano juicio puede declarar inconstitucional un Estatuto que ha sido aprobado por un Parlamento autonómico, después por las Cortes Generales y, posteriormente, refrendado en consulta popular. Con este peligroso argumento, ¿cuál es el papel del TC tras haberse suprimido el recurso previo de inconstitucionalidad? El verdadero golpe de Estado ya está dado, es el de los que defienden esa tesis porque, ¿qué es primero, la Constitución o el Estatuto? Los que piensan que es primero el Estatuto y elaboran una ley sin respetar la Constitución, están diciendo que prescinden de la Constitución y, en consecuencia, dan un golpe de Estado desactivando el Estado de Derecho. Desde la sentencia Rumasa, cuando el TC argumentó, con el voto dirimente de su presidente, Manuel García Pelayo, que la expropiación no incumplía preceptos constitucionales y que no afectaba al derecho de propiedad, el TC está moribundo. Ahora se le enterrará gracias al poder político, que siempre ha preferido gente dócil y moldeable, juristas de alquiler, como define con acierto De la Oliva a estos leguleyos.

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