Urbanismo y amenaza

LOS PROBLEMAS que genera el urbanismo salvaje guardan un estricto paralelo con el narcotráfico. Porque en ambos casos se producen unas consecuencias directas y otras indirectas que conviene valorar por separado.Si empezamos por la droga, es evidente que sus efectos directos -centrados en el deterioro de la salud de los que voluntariamente la consumen- son menores que los indirectos, ya que, debido a la legislación que prohíbe el narcotráfico y genera beneficios astronómicos, el consumo de estupefacientes se ha convertido en la primera causa de criminalidad, en una fuente de prostitución, en el origen de grandes mafias que intervienen en la política de forma violenta, y en un generador de ingentes cantidades de dinero negro que ensucia todo lo que toca. Por eso somos muchos los que nos preguntamos si no sería mejor legalizar la venta de droga, porque, aunque podrían incrementarse los males directos, se desmontarían de un plumazo las graves consecuencias de la narcoeconomía.Algo similar sucede con el urbanismo, que, sometido a una compleja y farragosa normativa que siempre se puede burlar o soslayar, crea un ámbito de negocio negro en el que se generan fabulosas plusvalías. Y, aunque es evidente que plusvalía y fraude no son equivalentes, la simple posibilidad de dar un pelotazo atrae a la actividad urbanística a todos los delincuentes de cuello blanco. Dado que se trata de un negocio en el que las dos partes ganan y se necesitan mucho, resulta muy difícil probar lo que se sabe, pero nadie duda ya de que las ruedas del urbanismo salvaje se engrasan con billetes de quinientos euros. Y ese es el gran problema. Porque, mientras algunas aberraciones urbanísticas pueden ser rectificadas, el negocio negro se instala en la sociedad como la solitaria, que crece en las vísceras del sistema y acaba comiéndole los tuétanos. Aunque ahora da la impresión de que la parte más afectada es el Partido Popular, todos sabemos que se trata de una plaga general, que tiene gran complicidad social y empresarial, que nivela de forma incorrecta las arcas municipales y que es una pieza imprescindible en la financiación de los partidos. Por eso ha llegado la hora de decir que estamos ante un problema estructural que en modo alguno se resuelva a base de cazar concejales poco espabilados. Si no se legisla de tal modo que la plusvalía ilegal y astronómica sea imposible, no tendremos cárceles suficientes para albergar a los concejales de urbanismo, a los empresarios que les pagan, a los ciudadanos que se callan y a los partidos que se llevan su piquito. Porque no puede haber buenos ciudadanos en un campo minado por una corrupción que ya es esencial al funcionamiento del sistema.