Administrados dolientes

NO OBSTANTE los aspectos cualitativos elogiables que ofrecen las administraciones de justicia y sanitaria, tienen un punto en común ante el ciudadano: la lentitud con que se prestan los servicios demandados en una y otra. Es difícil determinar, generalizando, cuál es la que más perjuicio causa a la ciudadanía. Porque si una intervención lejana en el tiempo, por culpa de gruesas listas de espera, puede resultar incluso grave para la salud, recibir justicia s obre un hecho cuando ha transcurrido mucho tiempo, hay ocasiones en que deja de ser justicia. En algunas oportunidades se unen los aspectos negativos de una y otra administración, como ha sucedido con la familia de un niño con una minusvalía del 94 por ciento, producida al nacer en el Materno Infantil de La Coruña. Aquel chiquillo, hoy con diez años y veinte kilos de peso no camina ni habla. Todo porque el equipo médico no aplicó en su día el protocolo correspondiente ante una situación de riesgo. Con este panorama, una indemnización de medio millón de euros no supone más que un pequeño resarcimiento, dado que el problema de fondo es insoluble. Al daño hecho hay que sumar que el TSJ ha dictado sentencia con más de diez años de retraso. Esta administración nuestra, generalmente tan exigente en plazos y normas, cuando son sus servidores los que fallan, se retrasan o simplemente organizan un estropicio monumental, como es el caso, parece como si mirara para otro lado. Entonces obliga al ciudadano cuyos derechos están supuestamente lesionados, a meterse en un laberinto del que difícilmente sabe cuándo podrá salir con sus derechos restablecidos y, si acaso, compensados. Si Larra levantara la cabeza volvería a escribir el «Vuelva usted mañana».