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CÉSAR A. DE LOS RÍOS
León

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QUEDA la teoría. ¿De ahora en adelante el enaltecimiento del terrorismo no será perseguido como delito? ¿Por qué razón? Según el Fiscal General del Estado, Otegi fue procesado por haber hecho apología del terrorismo en unos momento en los que ETA mataba. Ahora, al haber cambiado el «contexto», lo que estaba tipificado como delito se convierte en la mera expresión de una opinión y, por tanto, está amparado por el derecho a la libertad de expresión. Siendo espeluznante esta interpretación según la cual un delito, tipificado como tal, puede dejar de ser considerado como tal en función del contexto, lo es aún más si tenemos en cuenta que el mantenedor de esta tesis no es un juez que trata de encontrar razones eximentes sino el fiscal general del Estado, el encargado por el sistema para denunciar y perseguir aquellas conductas que razonablemente pueden ser tenidas como delictivas. Según Conde Pumpido la apología de Otegi ni siquiera debía haber sido perseguida. Sucedió hace cuatro años. En algo es coherente el fiscal general. Sigue fielmente la política del Gobierno. Para Zapatero, Otegi es «el hombre de la paz» que, como dirigente de Batasuna, trata de mediar entre el brazo militar de ETA y el Gobierno. Así que el trabajo del fiscal general es garantizar el funcionamiento de ese entramado y, por tanto, dejar en suspenso el Estado de Derecho en aras de la paz global. A la tregua de ETA debe corresponder la tregua del Estado de Derecho. Esta es la realidad en la que estamos. ¿Atrapados? No, según el Gobierno. Para éste, la culminación del proceso de paz exige una adaptación de las instituciones y la colaboración del PP en ese camino. Por esa razón el presidente Zapatero acusa a Rajoy de negarse a colaborar en la lucha contra el terrorismo. El PP debería estar en la misma estrategia; es decir, en el gran acuerdo con ETA. La actuación de Conde Pumpido al retirar la acusación contra Otegi y la decisión de Instituciones Penitenciarias al excarcelar a De Juana forman parte de la misma estrategia acordada con ETA. ¿Chantajes? Lo serían si no hubiera un acuerdo básico entre el Gobierno y ETA. El 'proceso de paz' es la asunción por parte de este de un acuerdo marco, de una hoja de ruta, convenidos en común. Es posible que alguna de las partes esté en falta respecto a la otra en relación con los contenidos o en relación con los tiempos de cumplimiento. Si fuera así y se tratara de incumplimientos graves por parte del Gobierno, nos enteraríamos enseguida todos los españoles. La respuesta de ETA sería inmediata y brutal. A su estilo. El atentado del 30 de diciembre sería, a su lado, un «incidente».