Los dueños del patrimonio

EL ROBO de la lápida fundacional de la ermita de la Santa Cruz de Montes puede castigarse hasta con cinco años de cárcel. Así de contundente se mostraba el juez decano de los juzgados de León en la charla que el pasado viernes cerraba, en la UNED de Ponferrada, las jornadas del curso sobre Aspectos Jurídicos de la Seguridad Pública, que con gran acierto ha dirigido Arturo Pereira Cuadrado, Mayor-Jefe de la Policía Municipal de esa ciudad. Arturo, un hombre culto e inteligente, que este año leerá su tesis doctoral sobre el mundo de los violadores, podría decir mucho y bueno sobre la defensa del patrimonio y la legalidad y buen hacer en el asunto de la ermita de Montes, que a algunos, que por cierto confunden una lápida con un reta blo, les suscita palabras tan insidiosas y malévolas contra la Iglesia y los curas. El robo de la lápida plantea interrogantes no sólo sobre la protección del patrimonio, también sobre su conservación y propiedad. Es difícil proteger todos y cada uno de los bienes, sobre todo en pueblos casi deshabitados o en lugares alejados; pero cada día hay una preocupación mayor sobre este tema. La Policía Local y la Guardia Civil realizan una labor encomiable en la persecución de ese tipo de delitos. El PSOE, por boca de Angel Villalba, propone en su programa electoral destinar algunas unidades de la Policía Nacional para vigilar monumentos y yacimientos arqueológicos, y así evitar los expolios en el patrimonio de Castilla y León. Puede ser una medida positiva aunque costosa. Más interesante me parece la propuesta socialista de aumentar el número de los Bienes de Interés Cultural que, por ejemplo, en el caso de León representan menos del 9% del total de monumentos y yacimientos arqueológicos. Todo lo que se haga en ese sentido es positivo y hay que apoyarlo. Pero con ser graves los robos de piezas artísticas o el expolio de yacimientos por desaprensivos que utilizan detectores de metales, es más importante la labor de conservación. En esto a veces hay reticencias por la propiedad de los bienes, cuando no debería haberlas. El patrimonio es lo que nos han legado nuestros padres, nuestros antepasados; en ese sentido se trata de un bien colectivo aunque la titularidad sea privada, pues en muchos casos -y de ahí la defensa de los vecinos- constituye una seña de identidad de los pueblos y ciudades; es también una fuente histórica, y en muchos casos además un atractivo turístico que frena la despoblación. A nadie con sentido común le parece mal que se concedan ayudas para la restauración de casas rurales, palomares, molinos, castillos y otros bienes que, en la mayoría de los casos, son de titularidad privada, pues para los pueblos en que se ubican guardan un enorme atractivo e interés que exige de una protección pública. Lo mismo pasa con las ermitas e iglesias aunque en este caso parece que, en algunos, hay grandes reticencias para que se ayude a la Iglesia. Las administraciones públicas, al contrario, saben muy bien que se trata de un patrimonio colectivo aunque de titularidad privada, que identifica a los pueblos y es un atractivo para los visitantes. Es lógico, por ello, que le ayude y lo hacen a veces de forma generosa, como la semana pasada con el acuerdo de la Junta, la Diputación y los obispados de León y Astorga por el que éstos recibirán 1,3 millones de euros para ese cometido. En estos últimos años se han recuperado muchas iglesias y obras de arte religioso; pero no hay que olvidar que, en la mayoría de los casos, esa labor es obra de los propios fieles animados por sus párrocos. Un ejemplo bien conocido para mi es el de Cacabelos. En los últimos años con el dinero de los fieles y el buen hacer de don Jesús Álvarez, se ha restaurado el santuario de las Angustias, incluido su retablo; también todas las imágenes de la iglesia parroquial, además de comprar otras para las procesiones de Semana Santa. No es un ejemplo aislado ni excepcional, solo hay que seguir la prensa con objetividad y sin animadversión.