¿Qué gran atentado?

IMAGINEMOS que en España empezase a actuar una banda terrorista formado por racistas que, hartos de eso que los fascistas (los de veras) llaman la «escoria extranjera», asesinase y diese palizas a inmigrantes. E imaginemos que esa banda constituyera un grupo político legal destinado a defender sus acciones criminales y a competir en elecciones para reivindicar en las instituciones democráticas que sólo el final del conflicto provocado por la inmigración indiscriminada e ilegal podría acabar con la violencia. ¿Cuánta tardarían en tal caso esos actores, escritores, directores de cine, músicos y activistas culturales que son de todo el mundo conocidos, abajo firmantes en cualquier causa progresista que se precie, en poner el grito en el cielo y en pedir la inmediata ilegalización de un partido nacido con la finalidad de defender una causa tan inicua? Tardarían lo que el agua en escaparse de un cedazo. Todos saldrían en tromba -y los demás los admiraríamos por ello- a plantear que no pueden ampararse en las reglas que permiten competir en un Estado democrático individuos y fuerzas políticas que se sirven de esa democracia para defender la acción criminal de un grupo de fascistas. Siendo eso así, resulta difícil de entender que la batalla por mantener a Batasuna (el actual fascismo ibérico) fuera de la ley mientras ETA no desaparezca o Batasuna, o cualquiera de sus sucedáneos, no condenen a ETA de un modo radical y terminante se haya convertido en una especie de combate entre un supuesto progresismo que estaría deseando que Batasuna pueda volver a la legalidad y una derecha radicalizada y extrema (como le gusta decir a la Vicepresidenta del Gobierno) que aparecería como la auténtica enemiga de esa legalización. Esa visión resulta, sin embargo, inaceptable, pues supone una ofensa para millones de personas que considerándonos de izquierda hemos defendido, desde el primer momento, que poner fuera de la ley a Batasuna era una exigencia de decencia democrática. Como sigue siéndolo ahora mantenerla en la ilegalidad mientras no se den las condiciones para su legalización. Ninguno de esos millones de personas nos dejamos impresionar por las amenazas de bellaco con que Otegi trata de engañar a los incautos proclamando que constituiría un «gran atentado» dejar fuera de la ley a Abertzale Sozialisten Batasuna. Los únicos atentados de los que se ha sabido en estos días eran los que preparaban los etarras detenidos. Unos atentados ante los que, de haber llagado a producirse, Otegi y sus secuaces hubieran mantenido ese sucio silencio ante el crimen que justifica su existencia.