Independencia o botín

EL CULEBRÓN de las opas sobre Endesa parece que ha entrado en la etapa final, aunque nunca se sabe. Entre los flecos queda el anuncio de la dimisión del presidente de la CNMV. Una historia en la que se cruzan la larga mano del poder, controversias políticas y jurídicas y recursos económicos empleados en su defensa y en publicidad. Pertenece a los negocios que en otros tiempos eran de servicios públicos y hoy, en el ámbito de la UE, han de desarrollarse de acuerdo con las reglas del mercado, cuyo cumplimiento el Estado debe vigilar sin interferir. Sus posibles consecuencias negativas para «intereses nacionales» han de evitarse sin quebrantarlas. En la opa de Endesa, Bruselas ha denunciado que el comportamiento del Gobierno de no ha sido correcto. En todo caso, esa impresión ha quedado en el ambiente, con hipotética incidencia en la confianza de inversores foráneos y en las relaciones internacionales, en las que parece haberse producido el cambio de pareja de Alemania por Italia, o acaso un acercamiento de éstas a cuentas del pragmático acuerdo actual entre la alemana E-On, la italiana Enel y la española Acciona, y un discutible fraccionamiento de la empresa. Una de las varias cuestiones que ofrece el asunto es la importancia de las denominadas Administraciones independientes, de las que forman parte los entes reguladores del mercado de valores, de la energía o de las telecomunicaciones. La independencia se entiende respecto del Gobierno que nombra a sus componentes. Parece un contrasentido y lo es si el que nombra y el nombrado no aceptan o no se comportan de acuerdo con esa nota. La necesidad de este tipo de entidades deriva de la naturaleza de un sistema democrático, en el que determinadas materias deben estar preservadas de las alternancias de poder. Es el caso también de los Bancos centrales, de la protección de datos o de las televisiones públicas. Se trata de impedir el manejo partidista de ámbitos sensibles y de velar por la efectiva competencia en el mercado, la transparencia, la protección de inversores o consumidores. La independencia de los administradores puede buscarse con distintas fórmulas. Permanencia por un período superior a una legislatura, incompatibilidades durante y después del ejercicio de la función, competencia acreditada durante una trayectoria suficientemente prolongada para estar más libre de lo que sucederá a partir del cese. No son puestos de confianza política de los que pueda removerse cuando aquélla se pierda, para los que sea determinante la afiliación al partido político de turno; sería más bien un obstáculo. Además de lo que dispongan las leyes se precisa una cultura democrática de calidad, que no conciba como un botín, ganado en unas elecciones, los nombramientos de estos y de otros entes que deben estar identificados por una real independencia.