Política y urbanismo

LA POLÍTICA y el urbanismo están, para bien o para mal, inextricablemente unidos. No es extraño por ello que sea en este campo en el que se dilucidan las diferencias entre partidos políticos en las elecciones municipales. Ahora bien, hacer exclusivamente de la crítica al urbanismo el único argumento de una campaña electoral no parece muy inteligente, si no se propone, al mismo tiempo, qué tipo de obras y servicios proyecta el opositor y con qué recursos los va ha hacer. En el urbanismo y en los servicios que se ofrecen a los ciudadanos está la clave para ganar unas elecciones. Los ayuntamientos, por su cercanía a aquellos, son los principales responsables en la calidad de vida de los ciudadanos. A los gobiernos municipales se les exigen ciudades y pueblos con un mejor urbanismo, más plazas, más zonas verdes, mejores servicios. Algunos de éstos son competencia del gobierno central o de las comunidades autónomas, como ciertas infraestructuras, la educación, la sanidad o la seguridad ciudadana; pero incluso en esto último los ayuntamientos se han ido llenando de competencias sin que hayan aumentado correlativamente sus ingresos. Los ayuntamientos están colapsados económicamente, de ahí sus gritos de reforma y de descentralización. Sin dinero no hay obras ni servicios; pero sin aquellas y estos no se ganan las elecciones. Hasta ahora los ayuntamientos han tenido cuatro formas de financiar las obras y servicios. La primera con sus propios recursos y con la participación en los ingresos del estado. Esto es muy poco, porque en general los ayuntamientos, desde hace más de una década, no gestionan más que un 13 por ciento del gasto público. Por esa razón, los ayuntamientos han tenido que endeudarse, pero la capacidad de endeudamiento (el 25 por ciento del presupuesto municipal) hace mucho tiempo que se agotó para la mayoría de ellos. Algunos políticos de diferentes signo -lo han hecho alcaldes del PSOE, PP, IU- para ganar las elecciones han recurrido primero a la privatización de servicios (los del agua, basuras, ORA) y posteriormente a la recalificación de terrenos, que es en lo que ahora estamos por el boom de la construcción que se vive en España. Unas veces se permite a un empresario recalificar un terreno a cambio de que haga al pueblo o a la ciudad una determinada obra (un pabellón deportivo, una rotonda, un centro cívico); en otros casos la recalificación supone conseguir recursos financieros para emprender obras que mejoren la ciudad. Eso es lo que se ha hecho en Ponferrada con la sociedad pública Pongesur, que ha gestionado, después de comprarlos a Caja España, los terrenos de la Rosaleda. Evidentemente, no se adquiere un bien sino es para hacerlo rentable; la única manera de hacerlo es aumentar el volumen edificable. Es lo que han hecho sus responsables, aunque no a todos les gusta el resultado. Lo cierto es que se han conseguido muchos recursos que han permitido transformar la ciudad, cosa que pocos pueden discutir y que llama poderosamente la atención a los visitantes. De la ciudad cutre y fea de los años setenta se ha pasado a una ciudad con numerosos e innegables atractivos. Este tipo de financiación, por su opacidad, tiene evidentes riesgos, no sólo urbanísticos. En algunos lugares se han denunciado enriquecimientos ilegales, pero no todo el monte es orégano. Si se tienen datos de enriquecimientos ilícitos deben denunciarse a los tribunales. Lo que se debería es acabar con esa financiación, pero para ello sólo hay un camino puesto de manifiesto una y otra vez por la Federación Española de Municipios: aumentar hasta un 20 por ciento la participación de los ayuntamientos en los ingresos del estado. Hoy la parte del león, superior al 53 por ciento, está transferida a las comunidades autónomas. Estas sí tienen mucho dinero aunque no siempre lo gastan de la mejor manera: en muchos casos para financiar políticas identitarias y separatistas. Hace falta una segunda descentralización, la de los municipios.