Reflexiones tras la manifestación del 22-A

LA MANIFESTACIÓN más importante de los últimos años en reivindicación de la autonomía leonesa celebrada el pasado 22 de abril ha tenido diferentes consecuencias sobre las que me gustaría reflexionar en este artículo. Una de ellas es lo mal que le ha sentado al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, junto con las últimas declaraciones del alcalde de León, Mario Amilivia, que rechaza públicamente la elección de la derrota de los comuneros como fecha de celebración de la comunidad. Señaló que Villalar es una celebración sin ningún arraigo popular entre los leoneses que «no se puede imponer». Es decir, Valladolid decide que quiere crear una región (a la que todavía no han sabido dar un nombre propio), que quiere que se convierta en comunidad autónoma, quiere ser su capital (lo cual, aunque acapare la mayor parte de sedes institucionales aún no ha conseguido), decide su bandera y establece una festividad. Todo ello sin contar con León, que ya era una región histórica desde hace siglos y que por tanto, constitucionalmente tiene derecho a una comunidad autónoma propia, que tiene su propia bandera en la que figura el símbolo heráldico más antiguo de Europa y que podría disfrutar de una festividad mucho más adecuada que representara su importancia en la formación de España, como es la celebración de las primeras cortes representativas de 1188. Conste que respeto que esta ciudad procure su provecho, pero ¿por qué consintió y consiente el Estado Español que sea a costa de los derechos e intereses de León? Una fiesta de exaltación castellana como es la de Villalar no es la fiesta de León. Sin embargo, de todas las declaraciones públicas realizadas por políticos como consecuencia de la manifestación del 22 de abril me quedo con las de Ángel Villalba, secretario general del PSOE para la comunidad autónoma de Castilla y León. Analizándolas entre líneas da la impresión que reconoce el derecho y necesidad de una comunidad autónoma leonesa de la mismo forma que unos meses antes ponía en evidencia que una comunidad autónoma formada a partir de las regiones de León y Castilla la Vieja no se ajustaba a lo establecido por la Constitución Española (véase el artículo de esta misma sección publicado el pasado 26/2/2007). En esta ocasión Ángel Villalba afirma: «El mapa autonómico está cerrado y ya no va a tener vuelta atrás». ¿Quién lo cerró? ¿Por qué? La respuesta la proporciona él mismo, cuando posteriormente declara: «Sólo espero que el PP y el PSOE alcancen un acuerdo a nivel nacional para modificar la Constitución, incluir el nombre de las comunidades autónomas en el texto constitucional y acabar así con este debate que se está viviendo en León». Es decir, que la única forma de cercenar la legítima aspiración de León de convertirse en comunidad autónoma de acuerdo al derecho que el artículo 2 de la Constitución Española reconoce a las regiones españolas es... ¡modificar el texto constitucional! Inspirándome en el sentido democrático de nuestros políticos, que ejemplifica el bueno de Ángel Villalba, propongo un cambio de redacción para el artículo al que nos estamos refiriendo de la siguiente forma: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, excepto León, y la solidaridad entre todas ellas. Asimismo, y por razones de estado, se creará una comunidad autónoma que fusione las regiones de León y Castilla la Vieja para siempre jamás». Podría complementarse con sanciones y castigos a quienes cuestionen esta configuración. Por ejemplo, a los romanos les dio buen resultado el cortar las manos de nuestros a antepasados, ástures y cántabros. Cuando se planteó esta cuestión, la del cierre del proceso autonómico, en las jornadas «León: pasado, presente y futuro» del Diario de León de marzo de 2006, a Carles Viver, ex-presidente del Tribunal Constitucional y director del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Catalunya, contestó: «Esto cerraría el mapa autonómico, pero entiendo que forzosamente si esta reforma se lleva a cabo, en la propia Constitución debería regularse el modo en que esta distribución se puede modificar». Queda claro entonces que el mapa autonómico no está cerrado, y queda claro también, o al menos para mí, que la Constitución Española es el mecanismo jurídico que articula el sistema democrático español, que las leyes están al servicio de la sociedad española y que una parte de ésta, la correspondiente a la región leonesa, reivindica su derecho constitucional a la autonomía. Ruego a los políticos que rigen nuestros destinos que abandonen de una vez ese miedo a la democracia que arrastran desde tiempos del franquismo y que pusieron de manifiesto cuando impusieron a León su inserción en ese ente castellano, castellano-leonés o castellano y leonés que ni entonces ni ahora desea. Si España ha de estar articulada en comunidades autónomas de acuerdo a las regiones que tradicionalmente la componen, León debe ocupar el sitio que históricamente le corresponde, contribuyendo así al propio equilibrio de la configuración autonómica española.