¿Hay 150.000 personas que no pueden votar?

NUNCA una mala causa ha podido defenderse con buenos argumentos. La de que Batasuna acabe estando a través de ANV en 123 ayuntamientos vascos y navarros -en más de cuarenta de los cuales obtuvo alcaldes en las últimas elecciones a las que pudo legalmente concurrir- es de las peores y por eso, cada día que pasa, los argumentos del Gobierno en defensa de esa causa inicua resultan más y más escandalosos. El último lo aportó ayer el Fiscal del Estado cuando señaló que en el País Vasco y en Navarra hay «ciento cincuenta mil personas que no podrán votar, cuando lo que pretende la ley de partidos es empujar hacia la paz y no hacia la violencia». Supongo que a miles de socialistas y a docenas de miles de personas de la izquierda se les habrán puesto, al igual que a mí, los pelos como escarpias al tener noticia de una manipulación tan burda de la realidad, que sólo es entendible en un jurista a la luz del oscuro objetivo al que sirven sus palabras: el de defender con falsos argumentos una decisión política de la que no se quieren explicar los auténticos motivos. Pues no es cierto que 150.000 personas vayan a quedarse sin tener a quien votar. La verdad es, muy por el contrario, que del mismo modo que en ninguna sociedad civilizada nadie podría votar a un partido machista que defendiera que es legítimo asesinar a las mujeres o a uno racista que amparase a quien se propusiera asesinar a los judíos o a los negros, tampoco debe serlo poder votar a un partido nacionalista que defiende -directamente o a través de candidaturas fraudulentas como son las de ANV- la acción de un grupo terrorista que ha asesinado a más de ochocientos ciudadanos. Por eso se aprobó la ley de partidos, con el apoyo entusiasta, entre otros, de un PSOE que muchos ya no reconocemos en el que hoy dirige Zapatero: no con la finalidad de empujar a nadie hacia la paz, sino con la de impedir que quien defiende la violencia tenga los mismos derechos que quienes la sufren desde hace casi medio siglo. Y con la de dejar claro a tales sujetos, y a sus potenciales electores, que la democracia no iba a volver a tolerar la escandalera de que el brazo armado de un grupo terrorista se sentase en las instituciones del Estado para seguir, desde allí, apoyando -incluso con el dinero salido del bolsillo de todos los españoles- a una banda criminal. Dar a entender que es la propia ley de partidos la que puede empujar a la violencia, como acaba de hacer nada más ni nada menos que quien tiene la misión constitucional de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, constituye sencillamente una incomprensible indignidad.