El reparto del crecimiento y el coste de la vida ¿Están los menores protegidos en la Red?

ESPAÑA crece. No sé si va bien o no. Pero crece. Casi al 4% anual, lo cual no está nada mal. Sin embargo, algunos ponen reparos. Afirman que los frutos del crecimiento no se están repartiendo equitativamente pues el poder adquisitivo de los trabajadores no ha aumentado en los últimos años. Unos pocos aún aseguran que, si se tuviese en cuenta el encarecimiento de la adquisición de vivienda, la situación sería aún más crítica para las rentas laborales pues los precios habrían subido más rápidamente que los salarios, y los trabajadores habrían realmente perdido poder adquisitivo. El poder adquisitivo se mide dividiendo los salarios por el precio del consumo. Como bienes de consumo hay muchos, se elabora un Índice de Precios al Consumo (IPC) que pretende medir el coste de la vida. El IPC es en esencia una media ponderada de diferentes precios de bienes de consumo. Las ponderaciones dependen de la importancia que el consumo de ese bien ha tenido en la cesta de la compra de un hogar medio español en un determinado año del pasado cercano. Las ponderaciones son fijas, no cambian con el tiempo aunque los patrones de consumo muden. Aunque, bien es cierto, que periódicamente se actualizan. El IPC es un artefacto estadístico, con sus virtudes y sus defectos. Y tanto las unas como los otros son bien conocidas. Hay tres razones por las cuales el IPC puede sobreestimar el coste de la vida. La primera de ellas es el llamado sesgo de sustitución. Cuando unos bienes se encarecen, el consumidor los sustituye por otros más baratos. Como el IPC usa una cesta fija de bienes para ponderar los precios, no toma en consideración este cambio en la composición del consumo y le concede un sobrepeso a los bienes que se han encarecido. En segundo lugar, al usar una cesta fija, no toma en cuenta la introducción de nuevos bienes que aumentan el bienestar del consumidor al tener más donde elegir. Y en tercer lugar, tampoco tiene en cuenta los incrementos de la calidad de los bienes, los cuales también reportan un mayor bienestar a los consumidores. De hecho, a mediados de los noventa el senado de los Estados Unidos se tomó en serio la medición del sesgo al alza del IPC. Encargó el trabajo a una comisión de destacados economistas, encabezada por Michael Boskin, la cual calculó que la inflación estaba sesgada al alza entre 0.8 y 1.6 puntos porcentuales al año. Por lo tanto, si estos cálculos son extrapolables a España, el poder adquisitivo de los trabajadores posiblemente esté creciendo a un mayor ritmo del que indica una primera ojeada de los números. Es cierto que en la elaboración del IPC no se incluye el precio de la compra de vivienda. Y muy acertadamente, pues el IPC pretende medir el precio del consumo. La adquisición de vivienda tiene un componente de ahorro y otro de consumo. Si se incluyese el precio de la compra de vivienda se introduciría el precio de un bien de inversión en un índice de precios que sólo se refiere al consumo. Afortunadamente, se puede captar el factor consumo de la vivienda introduciendo en el IPC los alquileres. Y se incluyen. Por lo tanto, el IPC capta el encarecimiento del consumo de vivienda. De hecho, uno podría darle la vuelta a la tortilla y argumentar que el encarecimiento de la vivienda refleja, al menos parcialmente, el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores que, al poseer una mayor capacidad de ahorro, demandan más y mejores viviendas. LAS tecnologías de la información representan un gran potencial para la educación, el entretenimiento, y el desarrollo y formación de los niños y adolescentes que debe ser aprovechado. No obstante, las TCI también suponen ciertos riesgos derivados de una utilización indiscriminada de ciertos contenidos inapropiados por parte de los menores, o de un exceso de dependencia que podrán afectar negativamente a su desarrollo, debiendo ser tenidos en cuenta y controlados. En este sentido, la penetración y el uso de dos de los principales representantes de las TCI, Internet y el ordenador, presenta mayor intensidad en los niños de 10 a 14 años, situándose por encima del 70%, frente al 49% (en el caso de Internet) y el 54% (en el uso de los ordenadores) del resto de la población. Si entramos en detalle, en regiones como Castilla y León, Cataluña, o La Rioja, la cifra es todavía más alta, superando el 80%. Las cifras en tendencias de navegación son contundentes. La ONG Protégeles advierte que un 44% de los niños que accede con regularidad a la Red se ha sentido acosado sexualmente en alguna ocasión. Un 11% reconoce haber sido víctima de insultos por parte de otros internautas, un 4% ha recibido correos no solicitados con contenidos desagradables y otro 1,5% ha sentido miedo alguna vez. Actualmente existen en torno a 189 millones de portales dedicados al sexo a los que accede un 28% de los menores internautas. Otro dato ofrecido por Optenet refleja que las páginas web dedicadas a racismo, violencia y pornografía infantil se han incrementado más de un 70% en un año. Con todo, la implantación de herramientas de filtrado de contenidos en los ordenadores constituye hoy por hoy la fórmula más efectiva para garantizar la conexión en un entorno de confianza. Pese a ello, una encuesta recientemente publicada por el INE, refleja que menos de la mitad (el 42,23%) de los hogares castellano-leoneses con conexión a la web (en Castilla León había 258.307 hogares conectados en el segundo semestre de 2005 según el INE) tutela su navegación con herramientas de filtrado de contenidos. Con carácter general, ésta es la sexta comunidad con más hogares con filtros (109.078), pero si se contrasta el porcentaje de implantación de la herramienta con el número total de hogares conectados, se queda corta con respecto a otras comunidades como Ceuta (55,99% de implantación para 7.272 hogares conectados) o Cantabria (49,75% para 71.559 hogares). Atendiendo a este último criterio, las zonas geográficas peor paradas en cuanto a implantación de herramientas de filtrado web son: Extremadura, Galicia y Castilla La-Mancha, con porcentajes de implementación del 29,25%, 32,32% y 36,66% respectivamente. Dejando de lado las cifras, el acceso libre de menores a Internet no tiene actualmente una normativa que lo regule. En Andalucía, por ejemplo, la Junta ha aprobado recientemente a través de su Consejo de Gobierno una serie de medidas para alejar a los menores de los contenidos de Internet que son lesivos para su desarrollo. Entre ellas está la creación de un sistema de filtrado de páginas web para que los padres lo instalen de forma gratuita en el PC familiar y de esta forma se evite un uso inapropiado de Internet. Con esta medida, la administración recoge las directrices que sobre el tema ha dictado la Unión Europea y se propone como objetivo principal compatibilizar los beneficios de los avances tecnológicos con la defensa de los derechos de los menores que puedan resultar afectados. Otras iniciativas llegan desde Madrid, donde se acaba de firmar un protocolo entre el Defensor del Menor y las empresas tecnológicas para salvaguardar los derechos de los menores en la Red. Lo inédito en este caso es la adhesión al protocolo de los operadores de telecomunicaciones para que faciliten las herramientas de control parental necesarias que corrijan dichas tendencias. Es el primer paso hacia la autorregulación de contenidos, algo en lo que ya trabajan con éxito países como Francia o Reino Unido.