Una tarea pendiente

LOS EDILES municipales han de afrontar los problemas del tráfico urbano como parte de su función. Preocupan a la ciudadanía, afectan a la seguridad de las personas, a su salud, a su libertad de movimientos. El peso específico del tráfico presiona con fuerza en la calidad de vida común. La importancia de esto, junto a la proximidad de nuevos status políticos en tantas ciudades de nuestra dimensión comunitaria, nos lleva a esta leve reflexión. Se tratará de hacer del medio en que vivimos un lugar grato para la convivencia, acción compatible con el logro de razonables niveles de accesibilidad y de movilidad, objetivos estos tan reiteradamente anunciados en programas de gobierno que priman la «sostenibilidad» y el «bienestar social», como finalidad básica de sus actuaciones de futuro. Y es aquí donde no hay otra alternativa que la de racionalizar el tráfico, moderarlo, restringirlo. Difícil asunto este, sí, pero inesquivable, tal y como acreditan muy especializados, solventes y aceptados estudios: el «Informe Buchanan» que hizo suyo el Ministerio de Transportes del Reino Unido en 1960, cuando ya el tráfico era una «amenaza para la forma física de las ciudades»; otro documento oficial del gobierno británico, de 1967: «Un uso mejor de las vías urbanas. Informe sobre los medios para restringir el tráfico en las vías urbanas». Con iguales principios ordenadores concluyen los seminarios internacionales de la OCDE celebrados en 1971 y 1975, y los hace suyos este mismo órgano y otros más de la UE, en cuyo detalle no procede entrar ahora. Fácil es deducir, al final, que las limitaciones del volumen de vehículos en las ciudades son imperativas para la calidad de la vida urbana. Y ya a partir de este reconocimiento deben elegirse métodos de actuación para conseguir la reducción de uso del vehículo privado y para incentivar el transporte colectivo, la bicicleta y el tránsito peatonal, todo ello teniendo en cuenta la distinción básica entre el «tráfico esencial» y el «tráfico discrecional». Quedan, en fin, las actuaciones de futuro en manos de los munícipes y su enjuiciamiento en boca del ciudadano.