El Impuesto sobre Sucesiones y los mitos tributarios El terrorismo y los oídos sordos del Gobierno

EN el año 2002 la Asociación Española de Asesores Fiscales fue pionera a la hora de plantear el debate acerca de la conveniencia o no de mantener la actual regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Al día de hoy la polémica sobre el Impuesto sobre Sucesiones sigue abierta, y cualquier planteamiento sobre el mismo tropieza de forma reiterada con argumentos anclados en lo que Luigi Einaudi, el genial hacendista que en 1948 llegó a ser presidente de Italia, denominó «mitos de la justicia tributaria». Frente a cualquier propuesta de reformular el papel del impuesto sobre las herencias en el sistema tributario, proponiendo su reforma o supresión, se suelen esgrimir una serie de tópicos que impiden llegar al fondo del problema, por ejemplo, que el impuesto sobre sucesiones no se puede tocar porque no es admisible dejar sin gravar una manifestación de riqueza que se adquiere sin esfuerzo. Como ocurre tantas veces, el mito precede a la experiencia, y ésta, tozudamente, se empeña en refutar el mito. Y la realidad del Impuesto sobre Sucesiones nos pone de manifiesto un tributo injusto. Injusto porque está recayendo sobre patrimonios medios, pues las grandes fortunas escapan de su aplicación a través de la conversión de grandes patrimonios personales en empresas familiares por medio de sociedades holding. Un impuesto que recae muchas veces sobre manifestaciones de riqueza inexistentes, ya que con excesiva frecuencia la situación económica del heredero tras el fallecimiento del causante es bastante peor que la que tenía con anterioridad (sólo cabe pensar en la situación de millones de viudas). Un impuesto plagado de ficciones tributarias y de presunciones que atentan contra la justicia tributaria. Frente a esta evidencia, de poco vale defender el impuesto diciendo que grava una riqueza obtenida sin esfuerzo (argumento que, por cierto, no se esgrime ante el hecho de que los premios de lotería estén exentos de tributación) o de que las herencias tienen que ser gravadas a través de un impuesto específico, por exigencias de justicia distributiva. Ni se trata de un impuesto imprescindible en el sistema tributario ya que, en pura teoría, las herencias podrían resultar gravadas en el IRPF. Ni está escrito en ningún lado que el sistema fiscal no puede ser progresivo si no hay impuesto a las herencias. No estamos ante un impuesto indispensable, como la mitología tributaria pretende hacernos creer y no es una herejía fiscal plantear su supresión. Pero, sobre todo, el impuesto es injusto desde el punto de vista territorial. Morir en Cantabria o Baleares supone que los herederos no tributan. Heredar en Galicia, en el colmo de la injusticia, obliga a pagar sólo si el hijo que hereda tiene más de 21 años. Se trata de una situación de intolerable desigualdad que generan las autonomías, porque la Constitución Española es clara al proclamar en su artículo 139 que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Un impuesto que presenta estas deficiencias merece un debate sereno sobre su reforma o supresión. Debate que no puede escamotearse a base de dosis de mitología tributaria. «PREFIERO manifestarme con la cabra de la Legión, antes que con los cabrones que acompañan a Otegi», dijo Fernando Savater hace algún tiempo. Tal afirmación suena a compromiso contra la causa de los violentos, los asesinos, extorsionadores y defensores del independentismo y del aldeanismo nacionalista. Pero, además, ese compromiso tiene un valor añadido, porque se hace desde el convencimiento y la libertad, frente al odio y el terror que encabezan las aspiraciones y objetivos del mundo abertzale, ETA y los grupos violentos qu e se amparan bajo nombres de conveniencia; un amplio espectro que abarca desde ETA hasta los grupos refugiados tras presuntas Organizaciones No Gubernamentales. No sólo Fernando Savater lleva años dando la cara contra el terrorismo y quienes lo apoyan. Rosa Díez, Gotzone Mora, Nicolás Redondo, Buesa, los hermanos Múgica,¿ Todos ellos y muchos más son la bandera, la avanzadilla de quienes están convencidos de que otra sociedad es posible, así como que la Justicia está para poner freno a los desvíos y desvaríos de la sociedad, frenar la violencia, castigar el asesinato, el vandalismo y la extorsión. Justo lo contrario de cuanto vemos hacer al fiscal general del Estado, apoyado y alentado por algún que otro mal versificador, con cargo de ministro, burlesca actitud, insospechado insultador y «apesebrada» obediencia. Muchos ciudadanos piensan que es difícil llegar a parte alguna con un Gobierno aturdido, un fiscal general graciable con los violentos, un ministro de Justicia «megáfono», grisáceo y cortito, muy cortito; tan corto de razón, como largo de torpeza. A ello se une cómo el presidente Rodríguez Zapatero se ha escondido en los mítines celebrados en el País Vasco; tan sólo con los suyos y con una protección fuera de lo común, en actos recogidos, agazapado ante los violentos y parapetado entre el grueso del socialismo vasco. Mientras el ciudadano medio se siente amenazado y señalado por el terrorismo, el partido socialista se ha perdido en vulgaridades e insultos durante la campaña electoral. A ello hay que añadir la crispación y la incitación a la misma que el Gobierno viene alentando con sospechosas actuaciones en temas como la prisión atenuada de De Juana Chaos; los parabienes y vista gorda con Otegi; los chivatazos a los extorsionadores integrados en la red de recaudación del impuesto revolucionario; aceptación de ANV como siglas «paraguas» de ETA y Batasuna; revitalización de la banda armada; el trato de excepción en la persona de Iratí Aranzábal; vía libre en la actuación de Jesús Eguiguren y otros dos malos asesores del Gobierno, en sus tres reuniones con Josu Ternera y familia; las veinticinco reuniones entre ETA y PSOE, de las que se publicarán las actas si no se llega a un acuerdo sobre Navarra; improperios y vulgaridades por parte de «Pepiño» Blanco, el diputado Garrido y la vicepresidenta Fernández de la Vega; la inseguridad que genera, con sus truculentas declaraciones, Joan Mesquida,¿por citar algunos. Mientras ciudadanos amenazados difunden su compromiso en la lucha por conseguir otro modelo de sociedad, el Gobierno de Rodríguez se ha perdido en compromisos con la banda terrorista que nunca podrá cumplir. Tan sólo el deficiente asesoramiento en asuntos de terrorismo, la ignorancia reiterada del presidente en esta cuestión puntual y los oídos sordos a quienes aconsejaron al presidente no seguir adelante, han llevado al callejón sin salida en el que se encuentra el Gobierno. Los compromisos con la banda asesina se pagan a corto plazo y con altos intereses. La suerte, mala suerte en este caso, está echada. Todo el pescado del Gobierno socialista está ya vendido y parece que sólo queda abierto el camino de las elecciones generales.