Guerras de religión

LA CONFERENCIA Episcopal, probablemente dividida, ha emprendido una descabellada guerra de religión contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, con llamamientos a la lucha «por todos los medios legítimos, sin excluir ninguno» contra semejante iniciativa, que sería un «desafío» del Ejecutivo socialista y que constituiría un atentado contra la libertad de conciencia y de enseñanza, que estarían en juego. Hace ya algunas semanas, el vicepresidente de la Conferencia, Cañizares, conocido por su radicalismo conservador, inició la cruzada con declaraciones virulentas, pero el portavoz oficial, Martínez Camino, no le ha ido a la zaga: «La gravedad de la situación no permite posturas pasivas no acomodaticias», ha dicho, antes de añadir que «todos los alumnos, sean católicos o no, quedan afectados en sus derechos». Es tal la contundencia de la crítica que parece que los obispos podrían incluso estar sugiriendo el incumplimiento de la legalidad vigente: la polémica asignatura se implantará a partir del próximo curso en virtud de la LOE, aprobada el pasado año por el Parlamento con la oposición del PP. La posición eclesial es, como mínimo, desproporcionada en un país democrático como el nuestro en el que rige una muy preciada Constitución, que a todos nos vincula, y en cuyo artículo 27 se dice textualmente que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». Tales principios democráticos, ligados estrechamente a las grandes libertades, constituyen indudablemente un código moral laico y civil sin cuya preponderancia no se entendería la propia democracia. Y es muy saludable que el sistema educativo infunda tales valores a quienes serán mañana ciudadanos y deberán ejercitarse en la tolerancia y el respeto que han de lubricar y vitalizar la convivencia. Ante tales evidencias, difíciles de contradecir, parece que la irritación de los obispos, se debe no tanto al recelo ante el hecho de que el Estado democrático haga proselitismo de sí mismo cuanto al temor a que quede en precario su propio adoctrinamiento. Para entender de qué estamos hablando, conviene conocer que esta asignatura no es un invento del Gobierno socialista sino una recomendación de la UE que está siendo aplicada en la mayoría de los países comunitarios. No se trata, pues, de burda propaganda laicista o anticlerical, sino de manuales muy cuidados que enseñan los principios democráticos básicos, la Declaración de los Derechos Humanos, el conflicto entre globalización y pobreza, y que familiarizan a los más jóvenes con conceptos cercanos que requieren un pronunciamiento moral como la guerra, el racismo, la xenofobia, la violencia doméstica, el desarrollo sostenible