Cataluña, en el centro del debate

AUNQUE LA CLASE política catalana se lamente aún -¿resquicios del viejo victimismo?- de la postergación histórica de su comunidad, lo cierto es que el Principado de Cataluña ha adquirido en esta legislatura una centralidad incuestionable que sin duda se relaciona con la llegada de los socialistas al poder autonómico en 2003 y al gobierno estatal en 2004 pero que también tiene que ver con un cierto cambio general de mentalidad en Madrid, en la almendra institucional del Estado. Concluido el nuevo marco estatutario, la coyuntura es sin embargo sumamente compleja: de un lado, ayer se aprobaban dos resoluciones parlamentarias de gran calado con las que se resuelve el conflicto suscitado por la diferente interpretación que mantenían el Gobierno y la Generalitat de la disposición adicional tercera del nuevo Estatuto, que garantiza a Cataluña durante ocho años una inversión estatal del 18,8% de la total, porcentaje éste que representa la participación del PIB catalán en el del Estado; el desacuerdo se debía a que Solbes interpretaba que dicho mandato legal afectaba sólo a los presupuestos de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, en tanto la Generalitat entendía que debía aplicarse a toda la inversión territorializable. La otra resolución garantiza un acuerdo sobre el Prat y el traspaso de las cercanías ferroviarias de Renfe antes del fin de la legislatura. De otro lado, sin embargo, las concesiones gubernamentales a Cataluña, a la Generalitat y a la postre al tripartito no ocultan que el PSOE es cada vez más escéptico sobre la solvencia y fiabilidad de Esquerra Republicana de Cataluña, sobre la conveniencia de mantener a esta formación como uno de los socios principales del PSOE estatal y, por ende, sobre la estabilidad futura del actual gobierno de la Generalitat. Ha sido altamente significativo que Rodríguez Zapatero anunciase las mencionadas concesiones a Cataluña, que resolvían enconados contenciosos, en respuesta al portavoz de CiU, Duran i Lleida, lo que cogió por sorpresa a Esquerra Republicana, que acusó amargamente el golpe. Y es que, desde que Artur Mas y el propio Zapatero salvaron in extremis el Estatuto de Cataluña en su célebre pacto de 21 de enero de 2006, cuando ya todo parecía perdido, el líder socialista no ha ocultado su preferencia por el nacionalismo catalán moderado frente a la estridencia inmanejable de ERC. De hecho, Moncloa hubiera preferido probablemente un pacto PSC-CiU al tripartito después de las últimas elecciones autonómicas catalanas del 1 de noviembre del pasado año, ya con Montilla y sin Maragall al frente de los socialistas. Pero no pudo ser. Todos estos movimientos se inscriben además en la incertidumbre provocada por las incógnitas que arroja el Tribunal Constitucional sobre el futuro imprevisible del Estatuto, contra el que se han presentado siete recursos de inconstitucionalidad, el más inquietante de los cuales es el del Defensor del Pueblo aunque el más voluminoso e incisivo es el del PP. Precisamente ayer había novedades sobre este recurso del PP, que está siendo también afectado por el oportunismo político: se conocía que la abogacía del Estado ha presentado ante el Constitucional un minucioso informe en el que, tras desgranar las innumerables similitudes entre el Estatuto de Cataluña, de un lado, y los de Andalucía y Baleares, de otro, aquél impugnado por el PP y éstos aprobados con sus votos, solicita al TC que inste al PPa aclarar cuáles son los asuntos realmente impugnados y, en definitiva, los verdaderos límites de su recurso. Es probable que la clase política no se haya percatado completamente de los efectos que tendría una demolición del Estatuto de Cataluña a cargo del TC, que repercutiría sobre los demás. Hay que confiar en que estos temores no se confirmen y en que, a la postre, no salte por los aires la relativa estabilidad territorial conseguida, que ha de desembocar en una inevitable armonización del Estado de las autonomías sobre la base de los textos estatutarios ya en vigor. 1397124194