No perder la memoria

LA recuperación de la memoria histórica de lo que supuso la dictadura franquista en España es una fuente permanente de ataque del PP al Gobierno de Zapatero, que, por primera vez, asumió el compromiso de llenar este vacío en la, ya no tan reciente, vida democrática. Pero llama la atención el doble rasero con que el Partido Popular y la Iglesia miden la memoria histórica. Parte de la memoria histórica son, desde luego, los religiosos fusilados o paseados en el bando republicano durante la Guerra Civil y, a todos ellos, se les beatificará en Roma en octubre. Nadie, ni de un lado ni de otro, ha dicho nada en contra de la recuperación de esta parte de la memoria histórica. A nadie se le ocurre decir que con este acto se abren heridas. Y no tiene por qué decirse. De la misma manera, las familias de otras personas paseadas, ejecutadas en juicios sumarísimos o condenadas a trabajos forzados en «empresas» públicas (léase Valle de los Caídos) o privadas (algunas minas leonesas, entre ellas) tienen derecho a dignificar la memoria de sus antepasados. Pero, no sólo las familias. La sociedad, y en en su nombre los poderes públicos, tienen el deber de sacar a la luz la historia durante tantos silenciada. Las familias que han tenido la valentía de recuperar a sus muertos y las asociaciones han estado demasiado solas. El Estado no puede permanecer al margen. Uno de los argumentos de quienes denostan la revisión histórica que heredó España del franquismo es que durante la Guerra Civil hubo represión por ambas partes. Con independencia de que sea o no equiparable la represión en uno y otro bando, a partir del 39, vencido y desarmado el ejército rojo , como dijo el régimen por radio a todo el país desde Burgos, sólo existía un bando con capacidad de represión. La ley de la Memoria Histórica, que reclaman las asociaciones y al menos una parte de los historiadores, no puede perder la oportunidad que tiene en la actual legislatura. Queda muy poco tiempo para cumplir el compromiso.