Por unas retribuciones justas

LO ACONTECIDO tras las pasadas y recientes elecciones municipales pone de manifiesto que nuestra todavía joven democracia tiene, al menos en el ámbito de la política local, alguna asignatura pendiente que bien haríamos la clase política en esforzarnos en tratar de aprobar si no queremos que cada día mas los ciudadanos pasen de la política, por considerar que ésta adolece del rigor y sentido común que normalmente impera en ámbitos de la actividad en que ellos desarrollan su trabajo diario. Primero fueron los pactos para formar gobiernos que, en algunos casos mas por intereses políticos partidarios que por intereses generales de la ciudadanía, hacen alcaldes a personas que no hubieran contado con el respaldo ciudadano suficiente de tener estos el poder de decisión directamente a través de listas abiertas, poniendo de manifiesto algo que ya nadie duda a estas alturas; la necesidad de abordar una reforma de la Ley Electoral que permita acomodar el gobierno municipal y la designación de su alcalde a la voluntad popular mayoritaria y directamente expresada en las urnas. Ahora, es el espectáculo bochornoso de la asignación de dedicaciones exclusivas, retribuciones y sueldos a los alcaldes y ediles, el que pone de manifiesto que también en este particular se hace imprescindible una actuación legislativa. En este auténtico carrusel, hemos podido ver alcaldes que por contar con mayoría suficiente dentro de sus propias filas se fijan sueldos que en nada se corresponden con la retribución media de los administrados de sus ayuntamientos por trabajos que requieren responsabilidad y esfuerzo similares. Hemos vistos otros, que tras proponer inicialmente retribuciones a todas luces exageradas, las reducen finalmente por exigencia de los grupos de oposición, sin que esta circunstancia les produzca el mas mínimo rubor. Hay un tercer grupo en que el alcalde, que solo con la debida retribución del ayuntamiento puede prestar a éste la dedicación necesaria para atender a la gobernabilidad, se ha visto privado de la dedicación exclusiva y correspondiente retribución, por no contar con los apoyos suficientes en sus propias filas. Finalmente están los casos en que las dedicaciones exclusivas y sueldos de los ediles, son objeto de negociación y fundamento de acuerdos y pactos de gobierno en tre los distintos grupos municipales, de tal forma que no son los programas o los proyectos los que unen a las distintas fuerzas políticas para gobernar, sino el tanto y el cuánto de las retribuciones de los ediles de cada una. Este espectáculo lamentable evidencia la necesidad de que desde los poderes públicos se arbitren medidas legales que garanticen que quienes, ya como alcaldes o concejales, atienden a la gestión municipal con la necesaria dedicación exclusiva objetivamente determinada, perciban la justa retribución económica del ayuntamiento para el que trabajan, impidiendo así que la fijación de esta retribución esté sometida a caprichos, chantajes, o intereses políticos o personales, que en nada benefician, ni a una racional gobernabilidad de nuestros ayuntamientos, ni a la clase política, necesitada de rehabilitar una imagen que en todo este proceso postelectoral está saliendo claramente malparada.