Magdalena Álvarez

COMO SE HABÍA anunciado, y ante la negativa de la ministra de Fomento a dimitir, el Partido Popular pidió ayer la comparecencia del presidente del Gobierno ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados -el órgano que asume las funciones de la Cámara Baja durante los períodos vacacionales- para que explique «cuál es su posición y qué piensa sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Cataluña». Es lógico que el principal partido de la oposición, una de cuyas primeras funciones democráticas es la crítica al Gobierno de turno, entre de lleno en el escandaloso fracaso de los servicios públicos en Cataluña, que ha ocasionado la unánime repulsa de los partidos autóctonos a la ministra de Fomento. Los partidos nacionalistas catalanes, y por supuesto el PSC, sostienen que el déficit de infraestructuras no es sólo consecuencia de la escasez de inversiones producida durante la actual legislatura sino también el resultado de semejantes insuficiencias durante los dos cuatrienios anteriores en que gobernaba el Partido Popular. Es manifiesto que durante la legislatura que toca a su fin han sucedido en Cataluña muchas cosas, que han cambiado el marco institucional y han puesto de relieve la precariedad estructural del Principado, y en esta transformación ni el PSOE ni el PP han sabido estar del todo a la altura de los requerimientos a que les obliga su posición en el Estado. Al propio tiempo, las concesiones a Cataluña -incluso el compromiso estatutario de destinar a dicha comunidad un porcentaje de la inversión pública estatal equivalente a su participación en el PIB español- desagradan lógicamente a los responsables populares de otras autonomías o localidades. Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid y ex presidente de la comunidad madrileña, pedía autocrítica este fin de semana a los responsables catalanes y ponía como ejemplo las instituciones capitalinas, que no han requerido inversiones estatales para llevar a cabo las grandes infraestructuras de la comunidad madrileña. En definitiva, la ministra Magdalena Álvarez, mujer inteligente aunque hosca y poco diplomática, se ha convertido en el frontón donde se estrellan las apuestas preelectorales del PP y de las fuerzas nacionalistas catalanas que deben ya ir tomando posiciones para celebrar desde la ubicación correcta la ceremonia ritual de solicitud de voto a sus clientelas. Obviamente, el presidente del Gobierno, que es el único representante del Ejecutivo que puede ser constitucionalmente reprobado mediante una moción de censura constructiva, arropará a la ministra y devolverá las andanadas recibidas con otras equivalentes. Habrá que ver, sin embargo, si esta confrontación hace o no imposible que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado para el 2008, para los que la mayoría socialista cuenta ya con el PNV y busca los apoyos de CiU, ERC e IU-ICV. De cualquier modo, nada tendría de particular que los actuales presupuestos fueran prorrogados hasta que la mayoría surgida de las próximas elecciones generales de marzo redacte otros nuevos, basados en sus propias preferencias. Resumidamente, pues, la crisis de las infraestructuras catalanas personificada en la ministra de Fomento compendia todas las zonas de fricción que se han abierto en nuestra democracia en los últimos tiempos. La existente entre el PP y PSOE, que es la principal dialéctica de poder; la establecida entre las formaciones estatales y las periféricas y nacionalistas, que es compleja y cambiante y está determinada por los coyunturales intereses de unos y de otros; y aun la residente en el interior de los propios partidos, que se expresa de diversas formas: la ambición de Ruiz Gallardón o la sombra de Rato desatentan al PP; la tensión entre catalanistas y pragmáticos afecta al PSC-PSOE Aunque todo, en unas semanas, cederá el paso a la campaña electoral que nos aguarda, y que durará más de medio año. Que Dios nos coja confesados.