Inversiones en Cataluña

AL HILO DE LA acumulación de fracasos en los servicios públicos catalanes se ha generado un debate bilateral entre Barcelona y Madrid, entre las autoridades autonómicas y el Gobierno de la nación, que resulta desconcertante y que, de proseguir por la vía actual, puede terminar siendo altamente perturbador para la estabilidad general del país. El argumento polémico que conviene analizar es bien sencillo: la crisis de los servicios catalanes se debería básicamente a la insuficiencia de inversión en la comunidad autónoma. Hay pocas dudas sobre la evidencia -que reconoce el PP cuando dice que en 1996 la inversión pública que recibía Cataluña era el 7% de la total-de ese déficit, que se hace visible en múltiples detalles (la extraordinaria abundancia de peajes en las vías de alta capacidad, por ejemplo). Sin embargo, la pública discusión entre la Generalitat y Fomento sobre el ritmo y la cuantía de las inversiones que se produce a voz en grito y que está en la prensa resulta indecoroso para las demás comunidades autónomas, que ven cómo la presión de una de ellas -Cataluña- está logrando un tratamiento excepcionalmente favorable. Quizá se haga justicia pero no estaría de más hacerlo de tal modo que se guardaran las formas y las demás autonomías comprobaran que no tienen motivos para sentirse agraviadas. Por lo demás, el planteamiento de fondo es descabellado. Estamos en un sistema descentralizado, cuasi federal, en el que rige teóricamente el principio de subsidiaridad y en el que las comunidades autónomas sobre los principales gestores del gasto público, procedente de ingresos no finalistas que recaudan directamente o que les proporciona la Hacienda estatal. En estas circunstancias, y en principio, las inversiones en infraestructuras deberían ser realizadas por la propia autonomía, y de hecho así está siendo en la inmensa mayoría de los casos: recientemente, Ruiz-Gallardón, que ha sido sucesivamente presidente de la comunidad de Madrid y alcalde de la capital de España, recordaba que las grandes infraestructuras circulares del área metropolitana de Madrid no han recibido aportación estatal alguna. De hecho, debe existir un deslinde claro que no deje lugar a equívocos: el Estado debe acometer aquellas infraestructuras supracomunitarias que vertebren territorialmente el país, en tanto las comunidades han de desarrollar el resto. Las grandes autopistas radiales y transversales han de ser estatales y el resto de la red, autonómica. Los ferrocarriles, los grandes puertos, los principales aeropuertos deben correr de cuenta del Estado. Por decirlo más claro, Estado y comunidades deben sufragar las infraestructuras incluidas en sus ámbitos competenciales. Desorientan, pues, las peticiones catalanas de que Fomento se centre ahora en la red de carreteras secundarias de Cataluña También resultan desconcertantes las invocaciones del consejero catalán de Política Territorial para que Fomento invierta en proyectos catalanes si, por razones técnicas -la lentitud de las licitaciones-, no puede incrementar la inversión en obras propiamente estatales. Al Estado hay que exigirle planes generales de actuación, vinculados a una determinada planificación de la ordenación del territorio, y relativos a las redes principales de ferrocarriles, de carreteras, de puertos y de aeropuertos, preferentemente. Dichos planes, deben desarrollarse con luz y taquígrafos, ordenadamente y de acuerdo con los recursos disponibles y aplicables al caso (es evidente que la velocidad de avance de tales planes, relacionada con la presión fiscal, tiene un trasfondo ideológico), con la conciencia de que articulan el país, eliminan rigideces económicas, acentúan la unidad de mercado y, en definitiva, impulsan el desarrollo general del Estado. Es, pues, inconcebible que el Estado avance a trompicones, presionado por esta o aquella comunidad autónoma, presa de compromisos políticos que adolecen de falta de generalidad. Habría que reflexionar sobre todo ello antes de seguir dando el espectáculo de la parcialidad.