Por la independencia judicial

LA INDEPENDENCIA judicial es la clave de la bóveda de un Estado de Derecho, pues son los órganos jurisdiccionales los encargados de velar por la recta aplicación de las leyes. Pero hay tentaciones de cierta clase política, al hilo del mal denominado «proceso de paz», de extender los recurrentes marchamos de sensibilidad democrática y correcto ejercicio de la función judicial. De esta suerte, sus resoluciones sólo serían acertadas y juiciosas si no ponen en peligro las negociaciones; pero serían desatinadas e irresponsables, si se pretende, sin más, ¡qué dislate jurídico!, interpretar y cumplir y hacer cumplir la ley. Al paso que vamos, va a quedar poco de la acertada expresión con la que, hasta no hace demasiado tiempo, se acogían por los políticos las sentencias de los Jueces. Me refiero al tradicional y ejemplar «acato y respeto». Nadie discute, y desde luego los Jueces menos, que las leyes, incluida por supuesto la Constitución y hasta el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, no pueden aplicarse al margen del contexto social. Así se argumentaba ya desde el Derecho Romano, y así se impone además a los propios Jueces y Magistrados. Y si no, lean lo que prescribe el artículo 3. 1 del Título Preliminar del Código Civil, que viene a ser una norma general de introducción del ordenamiento jurídico: «Las normas se interpretaran según el sentido propio de sus palabras, en relación (con) la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo especialmente al espíritu y finalidad de aquellas». En suma, las leyes por supuesto que han de acomodarse a las singulares circunstancias de los tiempos. Y los jueces y magistrados -que no olvidemos son parte constitutiva del propio conjunto social- no pueden aplicar y dictar resoluciones absolutamente ajenas a la realidad social en que desempeñan la función judicial del Estado. Pero de aquí a exigir, desde la clase política y dependiendo además de su puntual interés, unas u otras resoluciones, media un abismo imposible de asumir, salvo que violentemos la independencia judicial. Que es tanto como destruir el elemento conformador por excelencia de un Estado de Derecho. No hay nada más perverso que invocar desde la Política lo que se puede o no hacer, lo que es apropiado o equivocado, lo que conviene o es inoportuno. Tales juicios son los que rigen los tiempos del hacer político, pero nunca del judicial, que no puede ser la correa de transmisión de ningún Gobierno de turno. La política no debe inmiscuirse en la Judicatura. Arnaldo Alcubilla lo expresaba con rotundidad: «Obviamente la labor de los jueces está sometida a la crítica, a la crítica racional y fundada. Hablan por sus autos y sentencias, a los que cabe oponer otras razones además del recurso. Pero lo que no debe tener sitio es la injerencia en su trabajo, ni tampoco intentar marcar sus pasos ni mucho menos condicionar el respeto y acatamiento a que dicten la resolución esperada.» El mismísimo Robespierre lo decía -aunque no lo aplicó-hace siglos: «Pueblo, ¡acuérdate de que si la justicia no reina en la República con un imperio absoluto, la libertad no es más que un nombre vano! Y, desde luego, la Justicia no es la auspiciada por la política. Ni aquí ni en otro lugar.