El Gobierno y el oxígeno nacionalista

EN EL TODAVÍA reciente debate sobre el estado de la nación, el presidente del Gobierno confirmó el agotamiento de la legislatura hasta su término natural en marzo y, consiguientemente, la prosecución con normalidad de la vida parlamentaria hasta su término en enero, cuando hayan de ser disueltas las Cámaras (para dar verosimilitud a todo ello, realizó poco después un reajuste gubernamental). En consecuencia, el Parlamento deberá intentar concluir, además de los Presupuestos Generales del Estado para el 2008, los proyectos ya en trámite de las siguientes leyes: Memoria Histórica, Derechos y Deberes de la Guardia Civil, Cine, reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (objeto de dura polémica con el PP), regulación de empresas de inserción, impulso a la Sociedad de la Información, regulación de las Hipotecas inversas y seguro de dependencia, adopción internacional, desarrollo sostenible del medio rural, Mercado de Valores y reforma de la Seguridad Social. Sucede sin embargo que, como es bien conocido, el PSOE está a doce escaños de la mayoría absoluta y, a medida que se aproximan las elecciones, encuentra cada vez más dificultad en la tarea de conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante sus iniciativas. En efecto, no es ningún secreto que el PSOE está llevando a cabo un discreto giro españolista, ya detectado por el sistema mediático, que pasa por enfatizar en mayor medida la unidad del Estado que el concepto complementario de la España plural. De momento, el Gobierno cuenta con el apoyo sistemático del Partido Nacionalista Vasco ya que Imaz y Zapatero están en esta coyuntura en estrategias semejantes y en una fase de manifiesta aproximación. En definitiva, en el plano de la pura teoría, el Gobierno puede sacar incluso adelante sus proyectos de ley sin contar con los dos grandes grupos nacionalistas catalanes, CiU (10 escaños) y ERC (8 escaños). Lo que no significa que no pueda lograrlos, aunque ello dependerá obviamente de factores complejos, siempre vinculados a los intereses electorales de los diferentes actores. CiU acaba de hacer por boca del moderado Duran unas manifestaciones durísimas contra Zapatero -el actual Gobierno es «el que peor ha tratado a Cataluña»- pero ha instado a ERC a que exija a su socio en la Generalitat, el PSC, que Madrid cumpla el compromiso de inversión que marca el Estatuto de Autonomía (el célebre 18,85% del total, porcentaje equivalente a la participación de Cataluña en el PIB estatal). Obviamente, para conseguir tal beneficio, es indispensable que los presupuestos se aprueben, por lo que el PSOE tiene sólidos argumentos para exigir el voto al nacionalismo catalán En realidad, el período que discurrirá hasta las elecciones, en que el Gobierno podrá capear el temporal parlamentario con cierta facilidad, no será más que el preámbulo de lo que sucederá en la siguiente legislatura, en la que, si ninguna formación obtiene mayoría absoluta -y esta situación es la que presagian las encuestas-, la estabilidad del futuro gobierno será muy complicada. En efecto, si gana el PSOE con un resultado semejante al actual, tendrá que acomodar sus pactos de gobierno a la composición del tripartito catalán: no parece viable compaginar indefinidamente una sociedad con CiU en Madrid mientras se gobierna con ERC en Cataluña, donde los convergentes están en la oposición. Si gana el PP, los problemas serán aún mayores, toda vez que la gran fuerza estatal de centro derecha ha dinamitado todos los puentes con el nacionalismo. Lo que, por supuesto, no impide que se revisen posiciones, se rectifiquen actitudes y se logre una fórmula de consenso. Hace pocos días, Jordi Pujol revelaba en una entrevista que en 1996, Felipe González, perdedor por la mínima de las elecciones generales de aquel año, le aconsejó que pactara con Aznar. Algo parecido debería hacer ahora Zapatero si se repitieran las circunstancias, por obvias razones de integridad patriótica y democrática.