Ciudadanía y Constitución

CON EL NUEVO CURSO, comienza a impartirse con mucho más revuelo mediático que docente la Educación para la Ciudadanía a los alumnos de 14 y 15 años; en cursos sucesivos, se extenderá a las restantes edades. Englobada en la nueva LOE, la asignatura de la discordia no es un invento de este gobierno ni de este país: quizá se ha hecho escaso hincapié en que la iniciativa proviene del Consejo de Europa, que en 2002 recomendó a todos los sistemas educativos europeos que incorporaran esta materia -Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos- como asignatura independiente o transversal. Tres años después, la misma institución, de gran prestigio e inclinaciones bien poco autoritarias, declaró 2005 como Año europeo de la ciudadanía a través de la educación. Y la realidad es que la gran mayoría de los sistemas educativos europeos han incorporado ya tal asignatura, en Primaria o en Secundaria, sin que se haya suscitado polémica alguna, salvo en España. Y, sin embargo, en nuestro país la asignatura en cuestión tiene perfecto y explícito respaldo constitucional. En efecto, el artículo 27 C.E., tras disponer lacónicamente en su apartado 1 que «todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza», establece en los dos apartados siguientes el gran objetivo genérico de la aculturación democrática de la educación y el papel eminente de los padres en la formación religiosa y moral. Así, el punto 2 del mencionado artículo dispone textualmente que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». En definitiva, tanto la Constitución española como el Consejo de Europa como la LOE al establecer Educación para la Ciudadanía buscan la formulación pedagógica de un consenso universal en torno a una serie de valores civiles que forman parte del pacto social y que son por tanto previos a la superestructura moral, religiosa o laica, que surge espontáneamente de la propia sociedad y que es plural por definición. Por añadidura, y como es natural, no existe una única interpretación de la asignatura en cuestión y son muchos y diversos los manuales de Educación para la Ciudadanía entre los que padres y educadores pueden elegir. Esta evidencia ha hecho desistir a la patronal de la enseñanza católica, la Fere, de alinearse con la Conferencia Episcopal en su cerrada oposición a la asignatura que obedece mucho más a una militancia política partidaria que a una convicción ética. La Fere ha visto que nada impide a la escuela católica compatibilizar con toda naturalidad la enseñanza de los valores constitucionales vigentes con el adoctrinamiento religioso que legítimamente llevan a cabo sus centros por voluntad de los padres que llevan a este fin a sus hijos a estas escuelas. En los documentos comunitarios, los objetivos que se persiguen con la Educación para la Ciudadanía se agrupan en tres categorías: cultura política, actitudes y valores, y participación política. La adquisición de cultura política implica adquirir conocimientos sobre los derechos humanos, la democracia, el funcionamiento de las instituciones y el reconocimiento de la diversidad cultural e histórica. El capítulo de actitudes y valores incluye el respeto a los demás, la resolución pacífica de los conflictos, la promoción de la coexistencia en armonía y la construcción de valores a partir de la pluralidad social. Por último, la participación política hace referencia al aprendizaje que permitirá a los discentes implicarse en la vida de la comunidad, en la adquisición de competencias necesarias para participar en la vida pública, en el estímulo de las capacidades propias en pro de los demás. La solidaridad, en una palabra. ¿Puede alguien objetar con fundamento estos espléndidos objetivos de la Educación para la Ciudadanía, todos ellos explícitos o implícitos sin ninguna duda en el espíritu de nuestra propia Constitución?