Legalidad manda

EL GOBIERNO vasco debatió internamente la conveniencia de proponer mañana, en el debate sobre política general, la convocatoria de un referéndum para establecer «un nuevo modo de relación entre Euskadi y España», tal como Ibarretxe ha anunciado reiteradamente, iniciativa que sería manifiestamente ilegal. El Estado es el que tiene competencia exclusiva sobre «la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum». Aunque fue derogada aquella infortunada reforma del Código Penal que castigaba explícitamente con penas de prisión la convocatoria ilegal de una consulta popular, es manifiesto que la contravención de la ley tendría graves consecuencias penales y, si fuera preciso, podría producir la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado para restituir la legalidad.