¿Hasta cuándo?

POCO antes de iniciarse ayer el funeral de Estado por los dos soldados del ejército español muertos en Afganistán, el ministro de Defensa aclaraba varios puntos sobre la misión militar que España mantiene en ese país asiático. Tres aclaraciones. Primera: «mientras gobierne el PSOE, nuestras Fuerzas Armadas nunca irán a misiones en el exterior sin el aval, el mandato y el patrocinio de la ONU», y «sin la autorización de nuestro Parlamento». Segunda: «la ONU no hace la guerra...; reivindica la paz, afirma los derechos humanos en el mundo y no agrede a nadie», pero dados los riesgos a que en algunos territorios debe enfrentarse, establece unas normas para «la legítima defensa». Y tercera: la misión española permanecerá en Afganistán hasta que el país esté lo bastante reconstruido social comoe de su propia seguridad». Y un resumen aclaratorio lapidario: «El compromiso en Afganistán es de reconstrucción». No interviene, pues, España, y tampoco su ejército, en una guerra por graves y letales que sean los riesgos que afrontan nuestros soldados. La ONU no auspicia ni guerras, ni agresiones, ni invasiones, y mientras los contingentes militares de más de treinta países desplegados en Afganistán sigan bajo mandato de la ONU, cualquier comparación entre la situación en este país asiático y la invasión de Irak en 2003 produce una inexactitud, por mucho esfuerzo, por ahora baldío, que realice el PP para que crear una simetría entre ambos casos desde la perspectivas del ordenamiento jurídico internacional. España no suele mirar hacia los problemas externos hasta que se siente concernida, sea por la onda expansiva de la crisis de los mercados crediticios debida al fiasco de las hipotecas «sub prime», sea dolorosamente, como ahora, por las dos muertes que ayer reunieron en la plaza de armas del cuartel de la BRIPAC, en Alcalá de Henares, en un funeral de Estado, con la presencia de las más altas autoridades españolas, desde los Reyes y el presidente del Gobierno a los representantes de las fuerzas políticas. Ya es demasiado alto el número de víctimas que nuestros ejércitos han sufrido en Afganistán como para considerar que se trata de gajes del oficio, del oficio militar, pues la primera obligación de un soldado, como la de cualquier funcionario del Estado, es la de no morir, aunque sepa que la muerte anda siempre de ronda, y la acepte cuando le ronde. Por ello convendría que el Congreso dedicara un tiempo a la situación actual en Afganistán, y no porque haya cambiado la titularidad jurídica o el auspicio internacional de las misiones de paz sino porque los riegos son cada vez mayores, y eso bien merece un debate parlamentario, aclaraciones suplementarias sobre si las actuales circunstancias permiten la reconstrucción.