Descentralización

LOS BENEFICIOS de la descentralización política-administrativa en España son tan evidentes que apenas se mencionan. Craso error, porque eso desorienta lo suyo. La democracia y la autonomía no cayeron del cielo; son fruto espléndido de la inteligencia y del acuerdo; y de la sangre, sudor y lágrimas. Pero tampoco se habla de los costes que genera y alimenta el proceso descentralizador. Y eso es grave, porque haberlos haylos. Es cuestión de identificarlos, analizarlos y reducirlos. En lo que sigue expondremos algunos ejemplos para mostrar su relevancia y necesidad de corrección. Así, financiar las administraciones territoriales con escasa responsabilidad fiscal, introduce costes en la política y en los Presupuestos Generales del Estado. Estos costes se generan por el control y la dependencia financiera que se ejerce sobre esas administraciones, por las estrategias de votación, por generar quejas, demandas y deudas históricas permanentes, por incentivar la picaresca. Pero las actuales reformas estatutarias amplían el escenario al incorporara la inversión estatal -distribuida por criterios de conveniencia- como variable significativa de financiación autonómica. Un escenario que provoca costes adicionales, desigualdad y equilibrios presupuestarios difíciles de cuadrar. Pero esa es la cultura que impregna ya a la sociedad española. Basta escuchar lo que dicen políticos de todo signo y condición, empresarios y sindicatos, funcionarios y grupos de interés, cuando aparecen los presupuestos estatales. En sus protestas y reclamaciones subyace la lógica del que hay de lo mío y tonto el último, lógica egoísta e irracional que además se atreve a disfrazarse de eficiencia. Otros costes importantes de la descentralización provienen de su capacidad para generar más descentralización, como sucede en el ámbito local e institucional. Así, ajustar la administración local a las necesidades actuales no es tarea fácil, ya que pueden existir más problemas que beneficios. Esto sucede cuando se ignora el papel de las Diputaciones o cuando ciertos municipios que no destacan precisamente por su gestión, exigen sin pudor más competencias y recursos. Además, la descentralización puede dar lugar a privilegios económicos y malestar político, como sucede entre el País Vasco y Navarra y el resto de comunidades, o puede incentivar radicalismos indeseables. Descentralizar la política y la gestión es positivo por razones múltiples. Pero ciertas funciones (redistribuir rentas, fortalecer el crecimiento económico, defensa, etc.) deben ser realizadas por los gobiernos centrales, sin menoscabo de la colaboración necesaria. Lo exige la eficacia, la economía y hasta un elemental sentido común.