Nueva etapa para el Conservatorio de León

EL CONSERVATORIO de León, probablemente uno de los centros educativos de esta ciudad y provincia que más vaivenes ha sufrido en sus cincuenta años de existencia, comienza una nueva etapa con el pase de la Diputación Provincial a la Junta de Castilla y León, el pasado 28 de septiembre de 2007. Se cierra una etapa dura y difícil, principalmente porque su patrón, la Diputación, no ha acertado, en mi opinión, a considerar al Conservatorio como lo que es, un centro de educación musical. Para la entidad provincial, este centro siempre fue como cualquier otro dependiente de ella, olvidando esa singularidad de ser un centro especializado en música, y al que siempre miró -a pesar de ser su «hijo»- con un cierto desdén. Estos centros de educación musical, creados en una etapa oscura de la historia de España, y dependientes de entidades locales, nacieron ya con muchas carencias y sobre todo marginados, no sólo de los demás centros educativos del país (lo que sigue siendo, hoy, una triste realidad incomprensible en la España del s. XXI), sino, lo que es más grave, marginados también del resto de los centros musicales pertenecientes al Ministerio de Educación anteriormente, y hoy a las Comunidades Autónomas. Esta marginación padecida por los centros dependientes de administraciones locales, ha generado problamas de todo tipo (legales, académicos, laborales, etc.), principalmente debidos, a mi juicio, a la falta de competencia educativa y musical de las propias entidades locales. Entre estos problemas se destaca la anómala e injusta situación laboral de los profesores del Conservatorio de León, pues mientras unos pocos (que realizaron unas pruebas recientemente en unas condiciones de dudosa legalidad, por lo que han sido impugnadas) están clasificados en el grupo A, la mayoría de ellos lo están en el grupo B. Todos poseen la misma titulación y la misma función académica. De este incomprensible agravio comparativo es responsable principal la propia Diputación, que ha tratado siempre al Conservatorio con un autoritarismo paternalista, frecuente en los políticos y los altos funcionarios de las administraciones públicas de nuestro país, y cuyo espíritu obedece más bien al antiguo régimen que a los nuevos aires democráticos logrados en los últimos treinta años. Pero también los profesores, y sobre todo la recién cesada dirección del centro, son de alguna manera responsables, porque han carecido, en mi opinión, de un verdadero sentido profesional (por cierto, bastante ausente también generalmente en los demás centros educativos de nuestro país) para haberse unido en sus justas reivindicaciones ante su patrón, la Diputación Provincial. Una vez más, es triste recordar la parte de verdad que contiene aquel dicho de que cada uno tiene lo que se merece, pues si los profesores, con la dirección al frente (que eso es dirigir, estar en la vanguardia) hubieran sabido defender, con sensatez y firmeza, sus legítimos derechos, es muy probable que ese y otros problemas se hubieran solucionado. Así pues, por un lado, el pase del Conservatorio de León de la Diputación a la Junta es un motivo de satisfacción, porque, a partir de ahora, este centro pertenecerá a la misma red de Conservatorios de nuestra Comunidad y del resto de las Comunidades. Por otro, es motivo de incertidumbre, sobre todo por las condiciones en las que se han incorporado los profesores, no sólo del Conservatorio de León, sino también de los Conservatorios de Zamora, Valladolid y Burgos (estos tres pertenecían igualmente a administraciones locales). Los profesores de estos cuatro Conservatorios se han incorporado a la Junta, unos como funcionarios, otros como laborales fijos y algunos como interinos; unos clasificados en un grupo y otros en otro. En cambio los profesores de los restantes Conservatorios de la Junta están todos clasificados en el grupo A, donde legalmente les corresponde. Ante estas condiciones tan diversas y de agravio comparativo entre los profesores de los Conservatorios recientemente incorporados a la Junta y los profesores del resto de los Conservatorios de la Comunidad, ¿habrá la suficiente voluntad política, por parte de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León, para solucionar este grave problema en un plazo razonablemente corto? ¿Tendrán, por su parte, la Dirección Provincial de Educación y la Inspección Educativa, la justa y adecuada consideración de que ese agravio consiste, por ejemplo, en que los profesores clasificados en el grupo B desempeñan las mismas funciones académicas que los del grupo A, pero no perciben el mismo salario? Así lo deseamos, pues ya ha llegado la hora de que todos estos centros de educación musical, los Conservatorios, puedan estar relacionados entre sí como lo están el resto de los centros educativos, y de que sus profesores, que poseen la titulación de licenciados o equivalentes a licenciado, gocen todos de la clasificación en el grupo A, donde legalmente y por justicia les corresponde. El pase del Conservatorio de la Diputación a la Junta, en estas condiciones de agravio comparativo, es un triste final para este centro creado por la entidad provincial, un final que expresa, a mi juicio, ese espíritu generalizado de desdén y de incompetencia educativa con que la Diputación ha actuado a lo largo de los años de existencia del Conservatorio. Es lamentable que la celebración, el pasado curso, de los cincuenta años de su creación, no se hubiera saldado con la solución de ese grave problema. Era sólo cuestión de voluntad política, pero los aires poco dialogantes de los funcionarios y de los políticos responsables de la Diputación desperdiciaron la oportunidad de un final un poco más feliz.