Poder y Universidad

LA UNIVERSIDAD, institución europea, nace de un acto del Poder, eclesiástico o civil. Las relaciones entre ambos no han sido siempre equilibradas. La historia de la Universidad está marcada por una indispensable aspiración de independencia para cumplir su misión. En su inicio, los estudiantes de Bolonia se agrupaban en «naciones» para defenderse de tributos y presiones del poder local. En Alemania la «libertad científica» y su derivado institucional la «autonomía universitaria» surgirán como reacción a una suerte de inmanencia entre Universidad y Estado. La autonomía es hoy entre nosotros una conquista constitucional. He tenido oportunidad de comprobar de cerca diferentes aproximaciones del Poder a lo universitario. Como diputado, el proyecto de ley de autonomía universitaria que naufragó en el período final de UCD y como Rector, la más intervencionista ley de reforma universitaria y la todavía vigente ley orgánica de universidades. He conocido a varios Ministros y Ministras de Educación y apreciado sus aptitudes. Entre los socialistas, la rapidez de Solana para informarse y la profesionalidad de Rubalcaba. Con el PP, fue una lástima que no hubiera prosperado el acuerdo con Esperanza Aguirre, adoptado por unanimidad de la CRUE de la que era Vicepresidente, para reformar el capítulo de la LRU sobre profesorado. Quedó varado al ser sustituida por Mariano Rajoy, cuyo breve paso por el Ministerio culminó con un aplauso, a él y al entonces Secretario de Estado, inusual en aquel colectivo de Rectores. La demorada tarea de una nueva ley, la LOU, emprendida por su sucesora, no arregló los problemas de la Universidad, creó unos nuevos, resultó ser un fiasco para los intereses políticos del Partido Popular, además de suscitar un rechazo generalizado en las Universidades. El actual gobierno ha arreglado algún desaguisado, pero ha dejado intactos elementos disfuncionales, entre los que no es el menor la dicotomía de profesores funcionarios y profesores con contrato laboral. Sea por convicción, o por cálculo electoral, puede advertirse una mayor atención programática a lo universitario. La insistencia en referirse a Investigación, Desarrollo, Innovación, el I+D+I, es reveladora. Como significativa es la apelación a la sociedad del conocimiento o el número de docentes incorporados a nuestra Administración autonómica y las continuadas y dobles presencias físicas de miembros de ella en los campus. Se cuida la parcela. Y en ésta, como en otras, los sondeos son los que orientan las decisiones. La adaptación al espacio europeo no obliga a que todas las carreras sean de cuatro años, pero esa opción atiende a colectivos mayoritarios. El positivo interés del Poder por la Universidad puede ofrecer, sin embargo, una cara negativa: la pretensión de que la Universidad sea, de algún modo, antes que una institución nítidamente académica, una prolongación del poder político de turno. La historia ofrece variantes. Los períodos democráticos no están completamente libres de ese intento.