Claridad necesaria

HECHOS con diferentes proyecciones están reclamando claridad. Empieza a reconocerse que el botellón propicia borrachera y que la solución de fondo ha de buscarse en el ámbito de la familia y de la educación, más allá de la obligada preservación de la tranquilidad ciudadana. La identificación de un problema no lo resuelve, pero señala la dirección en la que ha de irse. En este caso, afecta a la orientación de políticas generales de las que son responsables los poderes públicos. En asuntos como éste se juega la sociedad que protagonizarán las jóvenes generaciones. Claridad se precisa para entender el embrollo de la consulta prometida por el presidente Ibarretxe. De qué consulta se trata. El lenguaje de la Constitución es claro. Habla de referéndum consultivo de todos los ciudadanos en relación con las decisiones políticas de especial transcendencia. Precisamente, por ello, la propuesta del Gobierno requiere autorización del Congreso de los Diputados y la ley que desarrolla el precepto constitucional dice de modo contundente que las consultas populares en cualquiera de sus modalidades son competencia exclusiva del Estado. Cómo puede mantener Ibarretxe su propuesta, ampliamente descalificada. Se invoca un derecho de los ciudadanos del País Vasco a participar en la vida política de éste y las consultas reconocidas en los vigentes Estatutos catalán y andaluz. En ellos, con la expresa excepción del referéndum e incluso con remisión al artículo 92 de la Constitución, se admiten encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consultar popular. Esto no figuraba en los Estatutos originarios, que no han sido sólo reformados, sino sustituidos por otros nuevos. Aunque no ofrezcan un apoyo consistente para la pretensión del lehendakari suministran munición dialéctica. ¿ Cuál será el contenido de la consulta? ¿Podrá tacharse de autodeterminación? ¿En qué sentido se entenderá ésta? ¿Se persigue una superación del Estado o generalizar la situación de bilateralidad que refleja el concierto económico? Su tratamiento ha permitido respaldar los Presupuestos el Estado al que pertenece la Comunidad del País Vasco. ¿Pueden servir los derechos históricos reconocidos en la Constitución para traducir el fuerista pacto con la Corona en un «status» o Estado asociado? La necesaria claridad ha de abrirse paso en una cuestión donde incide una complicada historia, con terrorismo incluido, y cultivados sentimientos que no pueden ignorarse. Clarificación han necesitado las palabras, claras pero inoportunas, del Ministro de Justicia sobre la posibilidad de una negociación con ETA. La claridad será moneda al al za en la pugna electoral. Los dobles lenguajes minan la confianza.