La «LLD» de Ibarretxe

LAS DECLARACIONES de Ibarretxe, tras su reunión con el presidente del Gobierno de la Nación española -¡no es fortuita mi explicitación de la condición de nuestro Jefe de Gobierno!- son reflejo del autismo político del nacionalismo vasco. Una sordera que, imposibilitada para oír lo que no se desea, sigue aferrada a un sueño secesionista imposible: la conformación del País Vasco, no como lo que es y lo único que puede ser, una comunidad autónoma dotada de una amplísima autonomía de gobierno, sino como una nación alternativa conformada sobre un nuevo estado soberano. Y es que, ¡a ver si se enteran!, autonomía no es soberanía. La Constitución reconoce la autonomía de sus territorios. Pero esta autonomía, que es mucho más que una autonomía administrativa, no se puede entender sin referencia a los otros dos principios constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna: los de unidad y solidaridad. Causa pues sonrojo el grosero razonamiento usado para defender su disparatada propuesta. Se habla, ni más ni menos, que de su «legitimidad, legalidad y democracia.» Dicho sea en términos coloquiales, el argumentario de la «LLD». Un argumentario, dado su calado intelectual, que pronto estudiaremos sesudamente en las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas. Así que ya saben quienes inician este curso académico. Junto a las nociones de Estado, Constitución o soberanía, hemos de incorporar otros conceptos novedosos pero inaplazables incluidos en el argumentario de la «LLD». Lo malo es que no se si va a dar tiempo a estudiarlo, toda vez que, examinado con cierto detalle, se viene estrepitosamente abajo. Respecto de la primera «L», la referida a la legitimidad, resulta imposible de todo punto encontrar un nimio apoyo. La legitimidad para fijar nuestro marco de convivencia compete con exclusividad a la Nación española, aquella que decidió en su momento proclamar su voluntad de enmarcar su vida en común y aprobar la Constitución de 1978. Y, por ende, la soberanía no está depositada en fragmentadas entidades políticas, ni en unos u otros territorios, sino en el pueblo español en su conjunto. «La soberanía nacional -dice el artículo 1. 2 de la Constitución- reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.» Así que, no sólo los vascos, sino la totalidad de españoles, residentes o no en Euskadi, tendríamos mucho que decir ante tan esquizofrénico referéndum. Respecto de la segunda «L», su legalidad, el disparate es aún mayor. No cabe en la Constitución ninguna aventura secesionista. El mandato del constituyente es clarísimo: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española -¡fíjense que la Nación es además un prius histórico a la Constitución!- patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2 CE). En suma, el mentado argumentario de la «LLD» parece más bien el del alucinógeno «LSD.» ¿Habrá bailado una letra? Y en cuanto a la «D», su carácter democrático, da risa, salvo porque en Euskadi pervive un terrorismo que excluye, ahuyenta, chantajea y asesina. En resumidas cuentas: estudie, señor lendakari, un poquito, y entre tanto, ponga todo su ahínco en erradicar el verdadero problema de su pueblo, que es también el nuestro: el terrorismo.