Contra el racismo

LAS IMÁGENES de una agresión racista en un tren de las cercanías de Barcelona han originado en España un levantamiento institucional contra el agresor, icono circunstancial de los delitos de racismo, xenofobia y violencia machista. La sociedad española se ha expresado a través de sus oenegés, y el Ministerio Fiscal, el TSJ de Cataluña, el Gobierno y el Parlamento han coincidido en que una agresión de esa naturaleza ni puede quedar impune ni recibir una leve penalización como falta. La fiscal jefe de Cataluña ya había reclamado anteayer el atestado policial de la Guardia Civil sobre el hecho y el escrito de las primeras diligencias judiciales, a las que el fiscal de guardia no asistió. La fiscal jefe sugirió que la revisión de todo lo instruido tal vez pudiera conducir a la incriminación de un delito. Y ayer pidió al juez la inmediata detención del agresor, por el indignado asombro que producía su libertad. A veces se demuestra que una imagen vale más que mil palabras, pues el breve video grabado por la cámara de seguridad del tren de autos ha despertado una indignación sociopolítica muy superior a la que venían despertando informaciones escritas sobre hechos de similar proyección delictiva. Bien es cierto, y así lo reconocen asociaciones de inmigrantes, que el racismo no es en España un fenómeno ni mucho menos generalizado. Y precisamente por la excepcionalidad de episodios como el que retiene ahora la atención y la preocupación de todo el país, parece llegado el momento de que en la política de asimilación/integración social del extranjero inmigrante se dé un aldabonazo ejemplarizador. El alto porcentaje de inmigrantes sin su documentación en regla forma un sector social temeroso de la policía y, como demuestra el video del tren, pasivo ante situaciones que requerirían una intervención protectora de una persona indefensa. Pero de este ejemplo filmado de racismo se extraen efectos altamente positivos, como la reacción en bloque de todas las instituciones españolas y el horror expresado por la sociedad, que se ha visto enfrentada a algo que ha ocurrido en su propio seno. Nada más iniciar ayer el Congreso su pleno parlamentario, sobre las enmiendas a la Ley Presupuestaria, la portavoz del PP, Ana Pastor, pidió la inmediata comparecencia del Fiscal General y del ministro de Justicia para que explicaran la ausencia de un fiscal de guardia en un caso de tan llamativa y pasmosa evidencia. La explicación más aclaratoria fue del ministro Fernández Bermejo, quien anunció tras hablar con el fiscal general Conde Pumpido la orden detención, añadiendo que esperaba que el agresor ya estuviera detenido. Ahora sólo falta que la chiquilla ecuatoriana sienta realmente el afecto de la sociedad española en su lucha por desprenderse del miedo que su agresor le ha dejado como huella.