Diario de León
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FEDERICO ABASCAL
León

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LOS partidos políticos tienen un portavoz para cada materia o comisión parlamentaria, pero también disponen de un equipo de portavoces para la variada gama de proyectos, decisiones o simples amenazas que desean comunicar. El 'popular' Zaplana se ha especializado en anuncios truculentos y en argumentaciones de simplicidad a veces temeraria, como se vio ayer mismo, al sostener que la recusación por el Gobierno de dos magistrados del Tribunal Constitucional «abre un camino» por el que el PP se sentiría legitimado para desmantelar nuestro más alto tribunal. Anunció ayer Zaplana que su grupo parlamentario ya dispone de las firmas de diputados necesarias para recusar a tres magistrados progresistas del Constitucional, en respuesta a la recusación gubernamental de dos magistrados conservadores. Pero no precisó cuándo se presentarían las tres recusaciones que, de prosperar, y si prosperasen también las dos de la Abogacía del Estado, dejarían sin quórum a la institución y por lo tanto quedaría paralizado al tribunal. El inmediato horizonte político del PP no se oscurece, pero sigue ofreciendo una tonalidad sombría. A finales de mes se conocerán las sentencias sobre el 11-M, en las que se descarta inequívocamente la participación de ETA en los trágicos atentados, y cualquier otra implicación, tanto de desiertos como de montañas, que ha resultado indemostrada. Además, se cierra así la tenaz fabulación popular sobre la misteriosa X de un autor intelectual que no aparece por ningún sitio, siempre que no se le identifique con una organización tan magmática como Al Qaeda, que en su propia desorganización siempre embozada encuentra peligrosa movilidad. Y si en su recurso contra la reforma legal que prologaba el mandato en el Constitucional de la presidenta María Emilia Salas, de inclinación progresista, depositaba el PP su esperanza de que el Estatuto de Cataluña, también recurrido por ese partido, fuera estudiado por una mayoría de magistrados de matiz ideológico más bien conservador, la recusación por el Gobierno de los dos magistrados que se habían opuesto a esa reforma legal inclinaba la balanza a favor del platillo progresista. O sea, que el Estatut no iba a sufrir quebranto alguno en su paso final por el tribunal. Tanto esfuerzo como habían desarrollado los estrategas populares contra el estatuto y contra el desmembramiento de España, a la que Zapatero desearía descuartizar, resultaría baldío. ¿Qué hacer, entonces? Improvisar una argumentación. Fuentes del partido de Mariano Rajoy sostenían ayer que los motivos que se le imputan a dos magistrados, para recusarlos, deben servir para imputárselos a otros tres. Demasiado simplista, y temerario, ese argumento porque ya no se trata de que los dos grandes partidos se echen continuamente un pulso en el ámbito de la Justicia, sino que ahora la contrarréplica del PP amenaza, porque es una amenaza por ahora, con inmovilizar al vértice de nuestra pirámide judicial. «Mío o de nadie» parece ser el lema popular sobre el Constitucional.

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