Memoria

A MÁS DE 70 AÑOS de la Guerra Civil, el Gobierno socialista de ZP, e IU, el partido que lo parasita sacarán adelante, una vez más «como sea» su innecesario Proyecto de Ley de «Memoria histórica», aprobado por el Gobierno en septiembre del pasado 2006, Proyecto de confuso valor jurídico, que lejos de cerrar heridas, tal y como se mantiene en el Preámbulo del texto legislativo remitido a las Cortes, las abre, envenenando aún más el aire político de fin de Legislatura que se respira, aportando nuevos elementos de crispación, pues contiene un fondo revanchista y ya sabemos que revanchismo no es progreso sino retroceso histórico, que va a apalear a media España. Es rencoroso, sectario y partidista, dentro de una revisión parcial de la historia, en un intento más de Zapatero, de revisar la «Transición», ya que nuestro paisano José Luis, que, independientemente de tener un interés electoral en la maniobra, está profundamente convencido, aunque a mi juicio esté profundamente equivocado, de que la izquierda fue la gran perdedora de este proceso que, por cierto, ha dado a España su más largo período de estabilidad política en libertad, de bienestar social, y, prosperidad. Con esta Ley, la España del Siglo XXI, agita lo peor del Siglo XX. Es un Proyecto que revisa parcialmente la historia, pues para nada se habla en él de aquella República que, si bien fue acogida por el pueblo español con esperanza, a medida que fue avanzando, fue desilusionando a unos y otros, para terminar en un trágico desastre, permitiendo que se asesinara a ciudadanos sólo por su adscripción religiosa o ideológica, eliminando durante la Guerra Civil todo tipo de garantías jurídicas, algo de lo que también hay memoria, y de la que por cierto se olvida este polémico proyecto de Ley, que si lo que pretende, como asegura, es restituir la memoria de aquella etapa histórica, lo justo sería recordar a las víctimas de los abusos, tanto de un bando como de otro y no como lo hace el texto, de una forma selectiva y sectaria, si fuera cierto lo que se dice en la Ley, no solamente se derogarían las Leyes dictadas por el bando franquista durante la Guerra Civil, debería derogarse y condenarse también las del bando republicano dictadas entre Julio del 36 y Abril del 39, cuya aplicación sumaria, permitió en un auténtico desafuero, la ejecución de miles de inocentes en Paracuellos, Aravaca, Torrejón de Ardoz, o La Cárcel Modelo, las «checas» de Madrid y Barcelona o los 13 Obispos, los 4.118 miembros del clero, los 2.365 religiosos y las 283 monjas ejecutados por tribunales populares o por anarquistas de la CNT como José Sierra, que él sólo fusiló a 45 maristas. Estos asesinados no van a contar con la reparación histórica de ZP, pero como escribiría acertadamente el Magistrado Javier Gómez de Liaño, «las almas de los muertos beben las aguas de Leteo, del río del olvido y de nada vale reanimar lo que ya es carne de la Historia. Ni las crónicas ni las esquelas son la vida, sino una gélida fuente de dolor. Pasemos una esponja sobre las fechas amargas y esgrimiendo una figura jurídica que se llama cosa juzgada, corramos un tupido velo». Pero es que además, es ésta una Ley innecesaria, que pretende reinterpretar la historia, en una película de buenos y malos, puesto que en la Transición, y con los Gobiernos de UCD, de Felipe González y José María Aznar, se han aprobado casi una docena de iniciativas legislativas que reparan a las víctimas de los derrotados en la Guerra Civil y del franquismo, en un esfuerzo de reconciliación. Entre otras: - Decreto de 24 de Diciembre de 1975 por el que se declaran anuladas las sanciones administrativas de Responsabilidad Política. - Decreto de 18 de Marzo de 1976 de indulto de Responsabilidades Políticas o de «funcionarios depurados». - Ley de 15 de Octubre de 1977 de Amnistía que promueve la reconciliación de todos los miembros de la Nación Española. - Real Decreto de Marzo de 1978 por el que se regula la situación de los militares profesionales que tomaron parte en la contienda civil en el Ejército republicano. - Ley de 18 de Septiembre de 1979, que reconoce pensiones, asistencia médica y asistencia social a viudas, hijos y familiares de fallecidos en la contienda. - Ley de 26 de Junio de 1980 para reconocimiento de derechos sociales a mutilados de la República. - Ley de 22 de octubre de 1984 sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes formaron parte durante la Guerra Civil de las Fuerzas Armadas, Fuerzas del Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República. - Ley de 8 de enero de 1986 de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado. - Ley de 29 de Junio de 1990 de PGE de indemnización a quienes sufrieron prisión. - Ley de 15 de Diciembre de 1998 de Restitución a Partidos Políticos de Bienes Incautados. - Ley de 18 de Marzo de 2005, denominada «Niños de la Guerra». Los efectos económicos de estas disposiciones, dedicados a resarcir las consecuencias más adversas de la Guerra Civil en el sector republicano, alcanzaron a 574.000 beneficiarios, habiéndose dedicado a ello, desde la Transición hasta el año 2005, dieciséismil trescientos cincuenta y seis millones de euros, con estos datos del Informe que la Comisión Interministerial remitió a las Cortes con el Proyecto de Ley que ahora se debate, se dice que «la sociedad española ha hecho un enorme esfuerzo por resarcir los derechos de estos ciudadanos». Por ello, habrá que llegar a la conclusión, que al no haber una demanda social que justifique la necesidad de este nuevo texto legislativo, todo responde a una necesidad partidista, tanto de los socialistas de ZP como de los comunistas de Llamazares que pretenden convertir al PP en el heredero del franquismo y no a las necesidades de los ciudadanos. En resumen, agitación y propaganda en busca del voto decepcionado de izquierdas aún a costa de reabrir viejas heridas, que la inmensa mayoría de los españoles daban por cicatrizadas. Cuando creíamos haber encontrado el punto medio, el equilibrio, vuelven a surgir los revanchistas, los que buscan, no construir el futuro, sino rehacer un pasado abominable, propiciado por un socialismo radical, aunque se diga sereno, que pretende renegar de la transición democrática y unos nacionalismos que nunca fueron leales a ella, en busca de la deslegitimación lenta pero progresiva, de la obra política y constitucional de 1978.