Manos arriba. Patas arriba

EL SORPRESIVO anuncio realizado por el Ministro de Justicia sobre el fin de las oposiciones como forma de acceso a la carrera judicial constituye una muestra más de esa política de «manos arriba» que práctica el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Sin encomendarse ni a Dios ni a los Santos, hoy se anuncia un cambio radical en la política de selección de jueces, mañana una nueva subvención (la orden presidencial ha debido ser que no haya semana sin subvención electoral) y pasado que se volverá a negociar con ETA en cuanto vuelva a esconder las pistolas debajo de la mesa. En ese batiburrillo de medidas «a lo loco» -que dirían los Tonechos-, la que afecta a nuestros jueces constituye un ejemplo sin par de la total improvisación con que se pretende, mediante la política de manos arriba, poner el país patas arriba. Según Bermejo, las razones que aconsejarían el cambio que propone (que los jueces se escojan directamente entre los mejores licenciados en Derecho) sería doble: que el número de opositores disminuye y que la oposición es memorística. Lo primero es una tontuna, pues, aunque los opositores disminuyen, todavía son miles los que concurren para unas docenas de plazas judiciales. En cuanto a lo segundo, constituye una simpleza impropia de un hombre de valía. ¡Claro que las oposiciones son memorísticas!, pues de lo que se trata es de comprobar, precisamente, que los candidatos tienen los conocimientos necesarios para desempeñar los puestos a que aspiran. Es para corregir ese exceso que se prevé que los aprobados pasen por la Escuela Judicial, donde deberán realizar las prácticas que los habilitan para ejercer la profesión. Las oposiciones no son una panacea, pero están en condiciones de garantizar lo que la propuesta del Ministro no podría asegurar: que todos los candidatos sean tratados por igual. ¿Se imaginan que pasaría en unas Universidades, hoy en dura competencia por los alumnos, si se las habilitase para seleccionar a los jueces y, ya puestos (¿por qué no?) a los restantes funcionarios? ¡Claro que se lo imaginan! Pero al ministro tal cosa no parece preocuparle, no porque haya reflexionado mucho sobre el tema, sino porque demuestra no haberle dedicado ni un minuto. Sólo así cabe entender que haya despachado el obvio problema de la posible ventaja que tendrían los licenciados en las Universidades privadas sobre los licenciados en las públicas con el argumento alucinante de que sólo estos últimos se verían beneficiados por el cambio. Una respuesta ésta que plantea una cuestión muy inquietante: la de cómo ha llegado a Ministro un señor que desconoce que los títulos universitarios oficiales no pueden ser objeto en España de discriminación de ningún tipo.