Sabotear la Ley de Dependencia

ES TIEMPO preelectoral. La inminencia de las elecciones generales -si no hay modificación de fecha a última hora serán el 9 de marzo- pone de los nervios a la mayor parte de los políticos. Se palpa. Es como una segregación increíble de adrenalina. Unos pretenden acumular méritos para entrar en el listado, y otros para repetir. Bien, pues este nerviosismo se ha instalado en la Junta de Castilla y León. No ha movido ni un papel para poner en marcha la parte que le corresponde para la ejecucióm de la Ley de Dependencia. Y a la Junta de Castilla y León le corresponde examinar y baremar a los inválidos que deben beneficiarse de esa Ley. Una Ley de hondo contenido social. Quizá la más social en la historia de nuestro país. La Junta de Castilla y León, en lugar de cooperar, se alinea con el gobierno de la derecha dura de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre. Sabotear desde nuestra comunidad autónoma las leyes del Gobierno central es una insensatez que perjudica a los ciudadanos, especialmente a las familias que están atendiendo a esas peresonas. El consejero César Antón está demostrando que antepone los intereses de su partido a los intereses de los ciudadanos, a los que tiene que atender como primera obligación. Cuando el grupo socialista en las Cortes de Castilla y León, que por cierto, no brilla por una eficaz e incisiva oposición, ha anunciado que estudiaba presentar una moción de reprobación al consejero, el peculiar portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, en lugar de dar las explicciones a las que le obliga su cargo, contestó amenazando que el Partido Popular presentaría en la misma Cámara otras mociones de reprobación contra cargos socialistas. Este pintoresco portavoz de la Junta demostró así que le falta escuela y práctica democrática. Por una razón: la obligación de la oposición es pedir explicaciones al gobierno y denunciar lo que funciona mal. Y la obligación del gobierno es dar explicaciones sobre lo que le pregunten, pero nunca amenazar a la oposición porque ejerza como tal. Parece que a De Santiago Juárez le faltan argumentos para defender al consejero César Antón, y por eso se sale por los cerros de Úbeda. En todo caso, el portavoz tiene que ir aprendiendo que los debates entre gobierno y oposición no son una representación de retóricos, en la que a los ciudadanos nos otorgan el papel con la exclusiva misión de aplaudir o silbar. De Santiago Juárez tiene que aprender que los ciudadanos somos los principales destinatarios de las propuestas del gobierno y de la oposición. Y, por supuesto, siempre sin maneras chulescas. Y para terminar: No hay ningún debate político, ninguna convocatoria electoral próxima; no hay ningún interés de partido que justifique que, por parte de la Junta de Castilla y León, se esté impidiendo, obstruyendo y saboteando que ciudadanos que debían estar cobrando ya, todavía no hayan sido examinados y baremados. El asunto es escandaloso. Ya ha superado la responsabilidad de los consejeros para entrar de lleno en la primera figura: el presidente Juan Vicente Herrera.