Justicia maniatada

LA POLÍTICA lleva demasiado tiempo enturbiando la imagen de la Justicia, cuyos dos órganos de mayor relevancia, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ofrecen en este final de legislatura una caricatura de sí mismos. El CGPJ viene a ser el gobierno de los jueces, y el Constitucional vela por que las instituciones del país, y su sociedad, discurran por los cauces constitucionales, pero en uno y en otro se da la coincidencia de que parte de sus miembros han sobrepasado ostensiblemente su fecha de caducidad, al haber expirado el plazo para el que fueron designados/elegidos, y eso les fuerza a actuar «en funciones», a la espera de un relevo que no llega. No hay en el horizonte inmediato un relevo posible, ya que para la renovación tanto del CGPJ como del tribunal es necesario el acuerdo de las fuerzas políticas, y el PP no parece dispuesto a acordar nada en este asunto, tal vez porque la aritmética parlamentaria no le favorece en esta ocasión como le favoreció en la anterior legislatura. Dicho de otra manera, los dirigentes populares se muestran reacios a que su partido pierda influencia en las altas cumbres de la Judicatura. Fue importante la reunión parlamentaria de ayer, sin más ausencia que la del PP, porque todo el resto de los grupos alertaron en tono solemne de la gravedad que supone un mal funcionamiento de la Justicia. Se ha convocado una nueva reunión para la semana próxima, y si a ella no concurriera el Grupo Popular, los demás estudiarían medidas legales para sortear el bloqueo, pero no es seguro que tales medidas existan y en cualquier caso no podrían aplicarse en esta legislatura. Hay, pues, un CGPJ con fecha de caducidad sobrepasada, y un Tribunal Constitucional de cuya renovación ni siquiera se habla, pues ocupan la actualidad informativa los recursos que el PP tiene presentados sobre cuestiones importantes, como el Estatuto catalán, el matrimonio entre homosexuales o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite la continuidad en el cargo de los magistrados no relevados oportunamente, y sobre todos los cuales pretende que el alto tribunal, mediante mayoría conservadora conseguida a base de recusaciones a magistrados progresistas, adopte decisiones favorables a los intereses políticos populares. Ya han llegado al TC las alegaciones de la Abogacía del Estado contra la recusación del PP a tres magistrados progresistas, y en el razonamiento jurídico del texto aparecen consideraciones morales sobra el deber judicial de preservar su jurisdicción, motivo suficiente para rechazar recusaciones que privasen al alto tribunal de quórum, paralizándole. El riesgo para el PP, de retirar sus recusaciones al parecer mal fundadas, sería supuestamente el fracaso de sus recursos, sobre todo el interpuesto contra el estatuto catalán.