Togas parlanchinas

NO CORREN los mejores tiempos para la Justicia. Las causas son las de casi siempre. En primer lugar, la tradicional insuficiencia de medios personales y materiales. Y, en segundo término, su indeseable polítización, acrecentada por el agrio enconamiento de la vida política y la paralela ausencia de respeto a las instituciones, que se ceban groseramente en quien -dada la relevante competencia asignada en un Estado de Derecho- mayor consideración tendría que recibir. Pero hete aquí, que a las citadas razones se ha sumado una nueva. Me refiero a una sobrevenida locuacidad parlanchina, ya que, como es sabido, la Judicatura debería hablar sólo por sus sentencias. La primera denuncia se ha exteriorizado de manera insólita con la convocatoria de una rueda de prensa, en la que los jueces mercantiles de Barcelona se han plantado, al tiempo que vaticinan un colapso total. Una justicia mercantil que resuelve más del doble de asuntos recomendados por el propio Consejo General del Poder Judicial. Unos juzgados que conocen más del 22% de los procesos concursales del territorio nacional. Y si a todo ello unimos la crisis inmobiliaria, el incremento de la morosidad hipotecaria y de los componentes de los automóviles y las demandas entre entidades farmacéuticas por patentes, la situación es insostenible. Mientras, cada uno a lo suyo: la Conselleria de Justicia de la Generalitat responsabiliza al Ministerio de Justicia, y éste explica que las cosas están camino de resolverse. Por más que, entre tanto, los ciudadanos asisten perplejos e indignados a la degradación de la función judicial. Pero lo peor es la vergonzante situación de politización de nuestros órganos constitucionales. Por una parte, del CGPJ, ¡que lleva ya en funciones un año!, ante la incapacidad de los partidos políticos de alcanzar un acuerdo sobre su renovación. ¡Pero qué más da!, pensarán nuestros egregios representantes parlamentarios. Ya tocará cuando se alcance una mayoría que permita su anhelado control. Que poco les importa, como señalaba Robespierre, «que si la justicia no reina en la República¿ la libertad no es más que un nombre vano». Y qué les voy a decir del Tribunal Constitucional. Seguimos a la espera, mientras pasan los meses, de su más importante sentencia, en un ambiente verdaderamente insostenible: se modifica unilateralmente la Ley Orgánica del TC, se presentan recusaciones -¡nada menos que cinco!- que impiden su actividad, se pone en entredicho su legitimidad, se amenaza con un referéndum secesionista si se modifica un ápice el Estatut y hasta parece que se abronca en público a su Presidenta. ¡Qué ejemplaridad! Ya lo denunciaba Loewenstein: «La independencia de los jueces en el ejercicio de las funciones que les han sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de interferencia de cualquier detentador del poder, constituye la piedra final en el edificio del Estado democrático constitucional». Y lo último por escuchar. El juez ya no es tampoco, como afirmaba el mismísimo Montesquieu, «la boca muda que pronuncia las palabras de la ley». Ahora, aunque sea por la palabra de un cónyuge, ¡eso sí, casado en régimen de separación de bienes!, conocemos los entresijos domésticos del juicio del 11 M. ¡Qué despropósitos! 1397124194