Las secuelas políticas del atentado

ESTAMOS COMO si fuera el primer atentado. Se reacciona como si no hubiéramos sufrido un millar de víctimas y no hubiéramos asistido a un millar de entierros. Es positivo, porque demuestra que España no es insensible ante el asesinato. Nuestra sociedad se conmueve ante el crimen. Nuestra clase política está dando lo mejor de sí, que es aparcar diferencias y mostrar la unidad exigida en el momento preciso, aunque sea una unidad precaria, mutilada por el anuncio del responsable de campaña del Partido Popular, señor García Escudero: «ETA será un tema de campaña electoral, porque ha sido un fracaso de Rodríguez Zapatero». Interpreto esas palabras como el aviso de que habrá hostilidad, una vez que hayan pasado las jornadas de luto. Y las anoto con inquietud, porque hay síntomas de que los grandes responsables políticos no están administrando bien las secuelas del atentado. Para el presidente del gobierno, la primera obligación es hacer lo posible por mantener la frágil unidad política. Para el jefe de la oposición, señor Mariano Rajoy, el primer deber es controlar a ciudadanos próximos a su ideología que están expresando actitudes radicales. Se oyeron y vieron ayer, en la concentración ante el ayuntamiento de Madrid, donde se insultó a los socialistas asistentes, como si el Partido Socialista fuera el autor de la canallada. Se están recogiendo ahora en la piel social los frutos de la crispación sembrada. El fruto quizá más penoso es que todo un presidente de gobierno no asistirá, no puede asistir, a la manifestación de hoy. Esa es, al menos, la noticia vigente cuando escribo estas líneas. Se alegarán razones diversas para justificar su ausencia. Se dirá que es una acción de partido y que estará bien representado por José Blanco. Pero se ha llegado a una situación en que quienes asisten a estas concentraciones populares no toleran la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo volvieron a insultar en el funeral del domingo. Le gritan «fuera, fuera», como si Zapatero fuese lo que le llamó Alcaraz con evidente ánimo de injuria: embajador de ETA. Para estos vociferantes, encontrarlo en la cabecera de la manifestación sería lo más parecido a una provocación. Injusta, pero provocación. Queden en el aire tres dudas. La primera, si un país castigado por el terrorismo puede ser gobernado o liderado por quien subleva a las personas y organizaciones más combativas contra el terrorismo. La segunda, si la oposición demuestra sentido de Estado al permitir o alentar esos rechazos, que dividen a la sociedad. Y la tercera, si esas organizaciones cumplen un buen fin cívico al actuar con un estímulo ideológico tan primario, que a veces ofende a la razón. Graves dudas para un momento en que sólo deberíamos sentirnos atenazados por el dolor.