Isabel Carrasco y la Sama-Velilla Centro de comunicaciones

León SE ESTÁ jugando en estos momentos el ser o no ser como centro neurálgico de comunicaciones y plataforma logística del noroeste peninsular, repito, noroeste peninsular. Si bien determinadas decisiones y gestiones que se están llevando a cabo van dirigidas por el buen camino, léase la tan necesaria terminal de mercancías del aeropuerto, otras en cambio, están sin aclarar como es la intencionalidad de RENFE de crear una gran infraestructura logística y de mercancías con estas pretensiones, aquí, en la Provincia, o, el caso de FEVE, que ni siquiera se plantea aprovechar sus sinergias, por ejemplo, con el puerto de Bilbao desde el punto de vista logístico, e incluso, aún peor, escuchamos voces como las de la Junta en contra de comunicaciones directas con Portugal, tan necesarias con su noroeste industrial y los puertos de Aveiro y Oporto, o las de la Diputación en contra de la Autovïa Minera o del Subcantábrico. Respecto a los puertos secos se está llevando a cabo una política pasiva en lugar de una política proactiva, y, conviene tener en cuenta, que los Puertos, tanto marítimos como secos, se gestionan y los hay principales, de segunda y de tercera, se especializan, compiten. A mí, desde Riaño, la autovía Minera me posibilitaría viajar a Ponferrada en un tiempo en torno a la hora en lugar de las algo más de dos horas que tardo ahora. Y me pregunto, ¿Acaso el objetivo de que cualquier paisano leonés se desplace a otro punto de la provincia en un tiempo en torno a la hora, no es un objetivo suficientemente importante para exigir y realizar las infraestructuras necesarias para conseguirse, sea el que sea el punto de vista desde el que se quiera opinar? Me siento amuelado observando cómo Asturias construye la autovía Oviedo-La Espina paralela al eje subcantábrico, con una interminable serie continua túnel-viaducto-túnel-viaducto, horadando bosques, hollando prados verdes y que ya plantea la construcción de La Espina-Ponferrada, sin obstáculo de ningún tipo, al escuchar a algún portavoz de la Diputación proponiendo unas pequeñas mejoras a la carretera actual del denominado eje subcantábrico. ¿Se imaginan lo que mejorará Murias de Paredes con la salida por carretera de todo el tráfico industrial o de viajeros desde el Bierzo a los Puertos de Avilés o Gijón por La Espina (Asturias) en lugar de por el Huerna? En Murias ya ha impactado la bomba ambiental de despoblación. Desde Valladolid, las comunicaciones con Portugal es lógico que se piensen a través de Zamora, como una infraestructura radial más que converge en Valladolid. Sin embargo la comunicación directa con Portugal, desde León, se mira como trascendental para impulsar el desarrollo de la provincia como centro de comunicaciones y plataforma logística del noroeste peninsular. Son distintos puntos de vista y una infraestructura no debe excluir la construcción de la otra. Ambas son necesarias como lo es la autovía Ponferrada-Orense. La Junta deberá corregir su punto de mira o continuará justificando sobradamente la necesidad de una autonomía leonesa ¿Acaso no tenemos derecho los leoneses a estas infraestructuras esenciales para nuestro progreso aprovechando la oportunidad de nuestra ubicación geográfica? El mapa y la configuración orográfica de la provincia requieren estas infraestructuras transversales para alcanzar los objetivos citados y se deben complementar con la mejora, ampliación o desdoblamiento de las actuales carreteras que confluirían perpendiculares a ellas siguiendo los cauces de los ríos. Así es más fácil entender el sentido y la conveniencia de la autovía León-La Robla (se tardaría solo algo más de media hora en ir de León a Villablino) o la vía rápida (mejor autovía) de Mansilla a Cistierna prometidas desde la presidencia del Gobierno. El turismo portugués y gallego, valga como ejemplo, acortaría a la mitad el tiempo en llegar a las estaciones de esquí, reservas medioambientales y albergues de la montaña leonesa. Que así sean. Isabel Carrasco Lorenzo, a ti me dirijo como presidenta que eres de la Diputación de León -discúlpame el tuteo, pero como vivo en un pueblo, me siento abrigado por la institución provincial, y eso, quieras o no, da cercanía- para manifestarte mi mayor preocupación. ¿Por qué? Fácil resulta y de ello seguidamente te daré cumplida cuenta. Aparece en nuestro decano periódico, Diario de León, publicada en fecha 27 de noviembre una noticia que, se barruntaba, pero inocente de mí, me resistía a que llegase. Título: «La Diputación no presentará alegaciones contra la Sama-Velilla», porque no es parte implicada en el proyecto (sic.). Tampoco la Diputación entrará en la discusión de si la línea de alta tensión es o no realmente necesaria (sic.). Eso según fuentes del equipo de gobierno. Nuevamente mis disculpas si no eres la protagonista, coautora o ideóloga de las declaraciones, pero ya se sabe, quien preside, representa. Isabel, después de leer esto te diré, con todos los respetos, que el primer pronunciamiento resulta del todo improcedente. La Diputación está legitimada y es parte implicada, por los intereses provinciales que se verán gravemente afectados; y respecto a la segunda declaración, automáticamente a la mente me viene el brocárdico «excusatio non petita, accusatio manifiesta». Por aclarar, creo conveniente aludir -que no eludir- el art. 36 de la Ley 7/1985 de B.R.L. que al enumerar las competencias propias de la Diputación, establece, en todo caso, asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, y en general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia. Isabel, qué difícil me resulta después de lo manifestado entender que la Diputación no es parte implicada en el proyecto de la línea. De nuestra provincia se desgajará una parte importante de territorio -por un muro de campo electromagnético, invisible, pero tan letal como el de Berlín-, nuestro paisaje se devaluará críticamente, nuestra economía se enfangará -ni un céntimo de ganancia, y en el caso de haberla, estaría envenenada-, la salud de nuestra gente se verá seriamente afectada, nuestro patrimonio histórico será destruido en muchos casos, nuestro desarrollo sostenible se irá al garete -qué insensato va a venir a nuestras casas rurales o a recorrer nuestros senderos volados por semejantes torres y cables-, nuestra naturaleza -pobre faedo, pobres rebollares, pobres encinales, pobres hayedos, pobres...-, ¿no son suficientes intereses provinciales? Abundaré. El artículo 45 de nuestra Carta Magna configura el medio ambiente como un bien jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya conservación es una obligación que comparten los poderes públicos. Todos tienen el derecho a exigir a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección del medio ambiente, para disfrutar del derecho a vivir en un medio ambiente sano. El derecho a tomar parte en las decisiones sobre medio ambiente, a cualquier persona física o jurídica que asuma responsabilidades o funciones públicas, está reconocido entre otros derechos, en el Convenio Aarhus. Además de en las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, incorporadas por la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. En consecuencia, la intervención no sólo está legitimada en la normativa anteriormente citada, sino que además resulta obligada. La Diputación ha de preparar, confeccionar y presentar unas alegaciones jurídicas propias con apoyatura tecnicopericial ¡del más alto nivel!, so pena, a sensu contrario, de dejación de sus competencias, por los intereses provinciales que se ventilan, porque el derecho avala, y porque la razón existe -y como decía un viejo jurista, la razón, pesa, pesa mucho, pero hay que alegarla-. Confío y deseo, que esa sobrevenida e interesada falta de legitimación esgrimida por el equipo de gobierno, haya quedado, cuando menos, cuestionada. Lo que luego hagas, allá tu conciencia. Isabel, el pasado día 22 de noviembre, comparecimos en sesión del comité de peticiones en Bruselas -nuestro aval, el derecho comunitario y 20.000 firmas, que se siguen incrementando diariamente- digo, dos leoneses y una asturiana, para oponernos a la línea, a defender lo nuestro, el legado que nos transmitieron nuestros ancestros y que nosotros, con orgullo, pensamos transmitir a nuestros hijos. Y entre conversación y conversación -que el edificio Spinelli da para muchas- con los unos y los otros, unánimemente -ello incluye a los eurodiputados de tu grupo-, se evidenciaba la justificación de la obra -que no coincide en nada con la alegada en el estudio de impacto ambiental-, en la ampliación del puerto gijonés del Musel y en la construcción en el mismo de una regasificadora, proyecto este último, promovido y defendido por el señor Vicente Álvarez Areces, jefe del ejecutivo asturiano (PSOE), con el respaldo del Ministerio de Industria y Energía (Z). De la no necesidad, irracionalidad y despropósito de la mentada obra, por espacio del medio, y por ser público y notorio, no hablaré, pero a tu disposición estoy si lo consideras oportuno. Isabel, o a mí se me escapa algo -que es posible, no te lo discuto- o al señor Herrera, le han dado, y él ha aceptado, dos contrapartidas para la Comunidad, que no valen ni de lejos el perjuicio que nos a a irrogar, a todos los leoneses en general, y a los montañeses en particular. Y esto de la línea, Isabel, no son ruedas de molino con las que se comulguen. Por todo ello, Isabel, te pido, primero, que la institución ejerza las competencias que tiene atribuidas en defensa de los intereses de esta provincia; segundo, transmitas mis inquietudes al señor Herrera, y así, que siga la cadena de mando, no sea, que el señor Rajoy, a pesar de haber estado hace poco por estos lares, se entere del problema en marzo del próximo año al analizar los resultados electorales en la provincia, y entonces, será tarde para enmendarla.