¿Quién teme la ilegalización de ANV?

LA PREGUNTA que encabeza esta columna tiene dos respuestas diferentes: las dos son innegables, aunque una resulte más evidente que la otra. Empezando por la primera, la ilegalización de ANV asusta, como es obvio, a quien directamente perjudica. Es decir, a Batasuna -y, por tanto, a ETA- que retornaron a la legalidad a través de ese partido fantasmal que todos supimos desde el primer momento lo que era: la última careta de ETA-Batasuna para burlar su expulsión del sistema democrático, en el que no pueden estar quienes defienden la violencia terrorista. ETA-Batasuna sufrirán perjuicios evidentes como consecuencia de la ilegalización de su careta, aunque tales perjuicios quedarán muy amortiguados por el hecho de que nadie podrá ya privar de sus escaños a los cientos de representantes que ANV obtuvo en las elecciones municipales y autonómicas navarras: 437 ediles (que permiten a ANV gobernar en 42 ayuntamientos) además de junteros en los parlamentos provinciales de Álava y Vizcaya. Es precisamente esta realidad escandalosa la que obliga a buscar una segunda respuesta a la pregunta previamente formulada. Y ello porque la permanencia de todos esos representantes en sus puestos constituirá una prueba de cargo permanente contra el presidente Zapatero, cuyo empecinamiento en no dar por terminado un llamado proceso de paz que nunca llegó a existir en realidad es la única razón que explica que haya hoy cientos de concejales de un partido que acaba de negarse a condenar el gravísimo atentado de ETA en Capbreton, como ya se había negado a condenar todos y cada unos de los atentados cometidos por ETA hasta la fecha. El Gobierno, que sabe lo que se le vendrá encima en cuanto ponga en marcha el proceso para la ilegalización judicial de ANV, ha venido retrasando esa medida con la esperanza de que la sangre no llegara al río y pudiera así evitar aparecer como lo que es en realidad: el responsable directo de que Batasuna haya entrado de nuevo en las instituciones para hacer desde allí lo que ha hecho desde siempre: defender los crímenes de ETA. Algunos lo preanunciamos ya hace muchos meses. El 17 de junio del pasado año yo escribí lo que sigue: «Batasuna ha vuelto a los ayuntamientos, pese a que millones de personas sabíamos que así sucedería si se daba a ANV vía libre. De que sus miembros amparen el terrorismo sólo son responsables ellos mismos. De que puedan hacerlo otra vez desde las instituciones, habrán de responder el fiscal general del Estado, el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno». Y eso es lo que pronto tocará: responder de una política desastrosa que pretende sepultarse bajo toneladas de retórica.