Impuestos y corrupción

LOS INGRESOS ordinarios de los ayuntamientos no son suficientes para hacer frente a los gastos municipales. Todos los equipos de gobierno, del partido que sean, saben que sin obras y sin servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos es difícil ganar unas elecciones municipales. Dejando de lado el sistema de repartimiento, característico de otras épocas, se ha venido trampeando mediante el endeudamiento, la privatización de servicios y la recalificación urbanística. Todos esos medios se han utilizado, desde la transición a la democracia en prácticamente todos los ayuntamientos. El último, la recalificación, ha sido una fuente importantísima de ingresos pero también una práctica que ha generado mucha corrupción, como hemos visto en estos últimos años; corrupción municipal y fortunas privadas hechas sin el menor escrúpulo de la noche a la mañana. Pero incluso este recurso espureo, más o menos legal, comienza a fallar, porque se han agotado los terrenos recalificables o porque la construcción pasa por un bache de incierto futuro. Se ensaya un nuevo medio, en realidad muy viejo, remedo de los antiguos repartimientos, como es la subida de impuestos. Se trata de una política muy impopular, pues coincide con una reducción drástica de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, con las hipotecas en alza, la subida galopante de los precios, la inflación en el 4,1%; pero se vende como que no queda otra solución ante la situación de quiebra de algunos ayuntamientos. Es lo que declara ahora, por ejemplo, el equipo de gobierno en la capital leonesa, echando la culpa, claro está, a los anteriores regidores que, al parecer, han dejado una deuda de 200 millones de euros, que amenaza con paralizar la vida económica municipal. La subida que pretenden socialistas y leonesistas es, según la prensa, del 26% del IBI, pero eso sólo es el principio pues además se pretende una revisión de los valores catastrales, lo que doblaría probablemente el porcentaje a pagar por los sufridos contribuyentes. El IBI además no es el único impuesto que quieren subir; ya se empiezan a levantar voces contra dicha subida. Al parecer, los gastos tienen que ver, al menos una buena parte, con un incremento de la plantilla municipal en los años de gobierno de Amilivia, que supera las mil ochocientas personas. Sin embargo, según denuncia el PP, en lugar de reducir ésta como habían anunciado los socialistas, desde julio se ha incrementado en otras 187 personas, entre ellas más de una veintena de personas de confianza. Puede parecer demagógico hablar de un plan de saneamiento y subirse los sueldos, pero lo cierto es que en el mes de julio aprobaron unas retribuciones mensuales (catorce pagas) de este tenor: el alcalde, 4.514 euros; el vicealcalde, 4.422, y trece concejales, 3.379. Este problema no es exclusivo del ayuntamiento de León, sino algo que se ha extendido como mancha de aceite por todo el territorio nacional. No es extraño que el Barómetro Global de la Corrupción 2007, elaborado por Transparency Internacional, presentado el pasado viernes en Madrid, muestre cómo los ciudadanos españoles perciben una mayor corrupción en el último año del gobierno de Zapatero y, lo que es peor, el 54% de los encuestados creen que esta lacra aumentará aún más en el futuro. Buena parte de la corrupción tiene mucho que ver con determinadas políticas municipales, como el clientelismo que lleva a crear puestos de trabajo innecesarios; pero sobre todo con un urbanismo especulativo que, por desgracia, es una fuente imprescindible para financiar los gastos municipales. La alternativa se conoce, es la de llevar a cabo una segunda descentralización y dotar a los ayuntamientos de fondos con los que hacer frente a sus compromisos ciudadanos; subir la participación en los gastos del Estado varios puntos y colocarse, al menos, en la media de los países de la Unión Europea, pues hoy estamos siete u ocho puntos por debajo. Así descendería la corrupción.