Zapatero nos debe una explicación

EN UN hecho insólito, el Congreso de los Diputados aprobó el 17 de mayo de 2005 una resolución autorizando al Gobierno a negociar con ETA si se cumplía, entre otras, una condición fundamental: que existiese una «clara voluntad» de ETA para «poner fin» a la violencia. Por más que tal resolución fuera presentada por el presidente Zapatero como el acto habilitante para unas conversaciones que habrían de comenzar tras la venia de la cámara, hoy sabemos que ese pasmoso episodio constituyó sólo un formidable cuento chino. ¿Con qué objeto? Muy sencillo: con el diluir las responsabilidades que para el Gobierno pudieran derivarse del fracaso de una negociación que había comenzando, en realidad, mucho antes del visto bueno del Congreso. Y es que el Gobierno estaba entonces conven cido de que ETA había decidido dejar las armas y de que sólo quería obtener a cambio de ello un trato privilegiado -es decir, excepcional- para sus presos y fugados. Aunque pronto pudo comprobarse que tal convicción encerraba un craso error, Zapatero se empeñó en seguir adelante con la negociación pese a todas las evidencias que aconsejaban lo contrario. ¡Incluso contra la evidencia brutal del atentado de Barajas, que no le impidió seguir en tratos con ETA hasta pocas semanas antes de la s municipales! Esa es la razón de que ANV tenga hoy cientos de concejales, que seguirán en sus cargos aun cuando sea ilegalizado -si lo fuera- su partido. Sólo el desarrollo de los acontecimientos posteriores al último proceso electoral ha sido, por lo que se ve, capaz de hacer dudar a Zapatero sobre si su solución negociada no habrá sido a la postre una ilusión de los sentidos. Aun así, ha tenido que producirse el trágico atentado en Capbreton para que el Gobierno se decida acomodar toda su política a su énfasis retórico sobre la imposibilidad de una negociación para el fin del terrorismo. De hecho, sólo tras el asesinato de los dos Guardias Civiles parece decidido Zapatero a instar la ilegalización de ANV. Hay, sin embargo, algo todavía incompresible: ¿por qué se niega el Gobierno -anteayer volvió a hacerlo en el Congreso- a anular la resolución de 2005 sobre la negociación con ETA? No vale ya para explicar tal actitud con echar balones fuera y repetir la matraca de que todo es una estrategia del PP. ¡Pues claro que lo es! Una estrategia coherente con el hecho incontestable de que mantener abierta esa vía a la negociación es un grave error que dificulta la única política que se ha demostrado eficaz para acabar con ETA: la de forzar el desistimiento de la banda por imposibilidad de obtener el objetivo que persiguen todas sus acciones criminales: conseguir que el Gobierno se sienta con ella a negociar.