Justicia universal

ESTABA Fidel Castro en Oporto el 17 de octubre de 1998 asistiendo a una Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno cuando le sorprendió la noticia de que Pinochet había sido detenido en Londres , al imputarle el juez Garzón la comisión de graves delitos para los que la Ley del Poder Judicial concede la competencia de enjuiciarlos a nuestros Tribunales. Pues bien, preguntado por los periodistas el propio Castro repreguntó «¿quién tomó la decisión?», a lo que uno de ellos contestó, un juez español , «¡ah ¡,los jueces españoles¿pero ellos no pueden tomar la decisión allá en el Reino Unido .Me interesa mucho esto¿». Añadiendo «pero yo tengo entendido que Pinochet ha colaborado con Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas», dijo sin disimular su desconcierto. Al día de hoy su desconcierto pues el próximo jueves la Audiencia Nacional deberá decidir si admite a trámite la querella que por los delitos de genocidio y otros ha sido presentada por el Comité de Ayuda a la Disidencia 2506, contra el propio Fidel por unos hechos ocurridos en 1961. Y si bien, todo parece indicar que la querella no prosperará, el problema sigue ahí. Cuando se detuvo a Pinochet muchos celebramos la detención por varios motivos. En primer lugar España tenía y tiene competencias para hacerlo y por eso los jueces estaban obligados a poner en marcha el proceso de extradición siendo adecuada su detención. En segundo término la iniciativa iba en la línea de la justicia material; era una forma de avisar a los dictadores de que no se encontrarían seguros en ninguna parte. Era una buena noticia para las innumerables víctimas de las «maneras» del general y por último evitaba la impunidad. Pero, a pesar de la creación posterior del Tribunal Penal Internacional, el éxito que supuso el intento de juzgar en España a Pinochet ha animado a ciudadanos de diferentes países a intentarlo con «sus» dictadores, presentando querellas contra marroquíes, argentinos, guatemaltecos, chinos¿, en las que se insta la detención y posterior enjuiciamiento de los responsables de crímenes horrendos. Ahora bien ,a la vista de la experiencia, ¿es conveniente que un país se convierta en un justiciero universal ?.¿No habría que reservar la función de justicia universal exclusivamente para los Tribunales Internacionales? .¿Debe España, que consensuadamente no ajustó cuentas a sus dictadores ,inmiscuirse en lo que se hace en otros países? .¿Nos imaginamos lo que supondría pedir la extradición de Castro o de un dictador chino?.¿No sería conveniente y urgente modificar la ley española. El legislador tiene la palabra.