Rajoy y el IRPF

EL PASADO mes de noviembre, Mariano Rajoy prometió que, si llegaba a la presidencia del Gobierno, dejarían de pagar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) los que ahora perciben unas rentas inferiores a 16.000 euros. Es preciso subrayar que dijo los que ahora, es decir, en 2007, no los que en 2011 perciban menos de 16.000 euros, porque el PP nos tiene ya muy acostumbrados a prometer una cosa y luego hacer otra bien distinta. Promesas de rebajas fiscales ya las hizo en 1996, respecto a rentas de principios de 1996, y luego la modificación la hizo en 1999 y con cifras inferiores a las prometidas para 1996, pese a la subida de precios habida entre dichos años. La promesa de Rajoy, al menos en los términos que ha sido formulada, supone una merma de la recaudación de más de 25.000 millones de euros, cerca de un 40 por 100 de lo que la Hacienda Pública percibe por el IRPF, y tanto como lo que el Estado gasta en la construcción de infraestructuras en un año. Claro que si el Estado recauda menos dinero se verá obligado a reducir lo que gasta en la misma proporción o, en caso contrario, a pasar de la actual situación de notable superávit de las cuentas públicas a una situación de déficit y en una cuantía preocupante. Ante el dislate prometido, el PP, como ya hiciera anteriormente, apeló a la teoría formulada por el economista norteamericano Arthur B. Laffer de que una disminución de los impuestos puede conducir a un aumento de la cantidad recaudada por el fisco, eso sí ocultando que dicho economista fue asesor de los presidentes Reagan y Bush padre, presidentes que condujeron a los Estados Unidos al mayor déficit fiscal de su historia. Aun hace unos pocos días, aquí en León, el ex-ministro de las vacas locas, Cañete, insistía en tal teoría poniendo como ejemplo la recuperación de la recaudación del IRPF en dos años (en realidad se refiere a tres años) tras la reforma de 1998, ocultando que la «recuperación» se produjo porque, por un lado, la reforma en unos casos suprimió totalmente, por ejemplo gastos de enfermedad y primas de seguro, y en otros disminuyó notablemente, por ejemplo alquileres y adquisición de vivienda, determinadas desgravaciones y, por otro, porque no actualizaron las tarifas, los mínimos personales y familiares, y las reducciones por rendimientos del trabajo, por edad, por discapacidad, etcétera, a la subida del IPC (aproximadamente un 10 por 100 en términos acumulados). Así cualquiera. Lo que sucede es que el PP no se atreve a reconocer abiertamente que la brutal disminución de recaudación del IRPF tendría que compensarla con una también brutal disminución del gasto público. Es verdad que existe una alternativa: que no cumplan su promesa electoral y que, como ya hicieron en sus años de gobierno, vuelvan a incrementar que no disminuir la presión fiscal. Bueno, existe otra alternativa, y ésta mejor y más segura: que vuelvan a perder las elecciones. Es verdad que no reconocen abiertamente que tendrían que disminuir el gasto público aunque Rajoy, en declaraciones a este periódico, decía «Los que creemos en la gente, dejamos el dinero en manos de la gente», y que «la sociedad es mucho más eficaz que las administraciones» lo que claramente indica que pretende sustituir gasto público por gasto privado. Más explícito, uno de los inspiradores del programa del PP, Manuel Lagares, el 22 de noviembre en un diario de tirada nacional decía «La fórmula de éxito parece ser la de reducir impuestos para elevar la renta disponible de los contribuyentes y desacelerar simultáneamente el gasto público» y que «la desaceleración del gasto público obligará a concentrarlo en las tareas que constituyen su ámbito natural». ¿Cuál es tal ámbito natural? ¿Por qué no se atreven a decir que gastos piensan reducir? ¿Piensan, como ya hicieran durante sus ocho años de gobierno, limitar el crecimiento de las pensiones públicas? ¿Congelarán otra vez los sueldos de los empleados públicos? ¿Reducirán nuevamente la construcción de infraestructuras? ¿Trasladarán nuevos déficits sanitarios a las Comunidades Autónomas? No hay respuestas a estas preguntas, lo que pone de manifiesto que el PP acudirá a las elecciones de marzo con un programa oculto de reducción del gasto público. Quizás una pista de por dónde puede ir el PP nos la dé el portavoz popular de Fomento y Vivienda en el Congreso de los Diputados, Andrés Ayala que, en el pleno celebrado el día 21 de noviembre de 2006, evocaba a Adam Smith diciendo que «una carretera, un puente, un canal navegable, por ejemplo, pueden ser en la mayoría de los casos construidos y conservados mediante un pequeño peaje sobre los vehículos que los utilizan¿ Parece imposible imaginar un método más equitativo de cobrar impuestos». Terminaba Andrés Ayala asegurando que «en el Grupo Parlamentario Popular siempre hemos mantenido la misma postura». Y tanto; si lo sabremos los leoneses que recordamos cómo el PP nos colocó una autopista de peaje, aunque nada pequeño, de León a Astorga y prorrogó 29 años la concesión de la León-Campomanes. Si ganase las elecciones, ¿piensa el PP ponernos de peaje la León-Valladolid? España, lo sabemos, crece más que el resto de los países de nuestro entorno y que el resto de los países más desarrollados; pero España, como todos estos países, afronta una cierta desaceleración económica. En estas circunstancias cualquier reducción del gasto público, aunque vaya acompañada de una reducción del IRPF, lo único que puede provocar es una mayor desaceleración. Trygve Haavelmo, Premio Nobel de Economía en 1989, laurel que no ha conseguido y dudo consiga Arthur B. Laffer, demostró en el teorema que lleva su nombre que cuando el gobierno aumenta el gasto público en una unidad y, simultáneamente, aumenta los impuestos en también en una unidad, la renta monetaria del país se incrementa también en una unidad. Cuando no existe brecha (gap) entre la economía real y la economía potencial, es decir, cuando la economía funciona a tope, esa nueva unidad de renta monetaria se traduce necesariamente en inflación, por lo que cualquier incremento del gasto público sería una inmensa torpeza y es preferible reservar cualquier superávit de los ingresos sobre los gastos para épocas en que dicha brecha sí exista. A sensu contrario, el teorema de Haavelmo también enseña que una reducción del gasto público en una unidad, con una reducción simultánea de los impuestos en una unidad, disminuye la renta monetaria del país en una unidad. Si esa pérdida de una unidad en la renta monetaria se produce cuando la economía real funciona por debajo de su límite potencial, salvo que disminuya el nivel de precios, cosa que nunca ha sucedido, inexorablemente se traducirá en una pérdida de renta real, aunque sostengan lo contrario, solos o en compañía de otros, Laffer, Lagares y Rajoy.