Contra la usura

SÓLO puede haber una razón para que alguien se sienta agraviado u ofendido por el proyecto de la Junta de Andalucía de construir 700.000 viviendas sociales, subvencionadas y asequibles: que a ese alguien no le alcanzara la ayuda institucional cuando la necesitó, esto es, cuando tuvo que entramparse de por vida al adquirir su vivienda. Esa discriminación, si es que puede haberla con efectos retroactivos, que tal vez sí, podría, por qué no, remediarse o suavizarse si la Junta andaluza extendiera los beneficios de su plan a los que, con casa comprada/hipotecada y con escasas rentas, andan pasando las fatigas que no pasarán los agraciados con las nuevas casas baratas, con la particularidad de que para ello no se necesitaría mayor inversión, sino, simplemente, un severo control de la picaresca. Así, a lo mejor no serían 700.000, sino 500.000, es un suponer, las viviendas que habrían de construirse una vez deshechadas las solicitudes de quienes no lo necesitan (enchufados, amiguetes, listillos...), de modo que el dinero presupuestado para las otras 200.000 podría emplearse en ayudas económicas para liberar a la gente humilde del yugo de la usura hipotecaria. Por lo demás, ¿a quién puede ofender que sus semejantes más necesitados gocen de un bien tan básico, tan elemental, como es el de una vivienda digna? Resuelto el problema del agravio comparativo mediante la reforma propuesta del Plan, que lo haríamás justo, más universal y más equitativo, la iniciativa de la Junta de Andalucía se convertiría, alejándose de la caridad, en un instrumento formidable contra la especulación inmobiliaria y el prestamismo, y concitaría, seguro, la adhesión unánime que hoy, lamentablemente, no concita, por mucho que sí cuente ya con apoyos fundamentales. El Plan de la Junta, hoy sólo por la vivienda, podría serlo también, al salvar a muchos andaluces de la moderna usura, por la libertad.