Nada del «entorno» de ETA: sus entrañas

ESO declaró probado la Audiencia Nacional sobre KAS y sobre Ekin en la sentencia que culmina el proceso contra lo que, eufimísticamente, se llamaba el «entorno» del grupo terrorista. El histórico pronunciamiento judicial marca un punto y a parte en la larga lucha del Estado democrático contra la sanguinaria banda criminal. En primer lugar porque condena a la inmensa mayoría de los acusados en el sumario instruido por Garzón (525 años de cárcel para 47 de los 52 procesados a los que se refiere la sentencia). Y, además, porque demuestra judicialmente lo que era políticamente una trágica evidencia: que los grupos satélites de ETA son ETA a todos los efectos, pues sin ellos no hubieran podido los pistoleros hacer del terror un instr umento efectivo para lograr, tras esa negociación que constituye su único objetivo, reivindicaciones de otro modo inalcanzables. Pero, más allá de sus decisivos efectos inmediatos, la sentencia de la Audiencia supone un rotundo mentís a la política del avestruz practicada por los partidos e instituciones españolas frente al más grave ataque que ha sufrido, desde 1977, nuestra conviv encia en paz y en libertad. ¿Pues de qué forma, sino como política del avestruz, puede calificarse la practicada durante años por partidos e instituciones frente a ese llamado entorno de ETA sin el cual ETA no hubiera podido subsistir? La teoría que justificaba esa indolencia institucional y partidista, rayana en ocasiones en la pura responsabilidad por omisión, consistía en afirmar que una convicción política no equivale a una verdad jurídica (lo que resulta indiscutible) ni puede transformarse en una verdad judicial, lo que acaba de demostrarse una palmaria falsedad. Una convicción política no puede convertirse en una verdad judicial si quienes tienen la obligación de hacer todo lo legalmente posible para ello (jueces y fiscales, policías y altos mandos policiales) se quedan de brazos cruzados esperando que los criminales decidan un día por las buenas volver al camino recto y dejar de delinquir. La sentencia de la Audiencia lo prueba así de un modo concluyente, pues evidencia que cuando, tras las elecciones de 1996, esa indecente indolencia fue sustituida por un impulso político claro y decidido para acabar con todos los frentes que hacían de ETA una descomunal empresa criminal (el internacional, el financiero, el juvenil, el mediático) ese llamado entorno comenzó a resquebrajarse. Por eso resulta sangrante que todavía hoy escuchemos afirmar al Gobierno, a cuenta del PCTV y ANV, lo que durante años se decía a cuenta de Batasuna, KAS o Ekin: que no hay pruebas contra ellos. La Audiencia acaba de demostrar que hay pruebas... si se buscan.