¿Qué significa privatizar?

LAS GRANDES EMPRESAS necesitan cada vez más ámbitos que les proporcionen beneficios. Invertir en producción de bienes ya no genera los beneficios esperados. El volumen de personas consumidoras no crece lo suficiente. Es necesario, pues, encontrar nuevas vías de inversión para aumentar los beneficios. ¿Dónde mejor que en los servicios públicos? Una vez que hemos pagado entre todos y todas, a través de nuestros impuestos, las costosas infraestructuras de servicio de agua, telefonía, luz, etcétera, necesarias para su prestación, nuestros ayuntamientos venden a precio de saldo a estas grandes empresas la gestión de sus propios servicios. Los servicios públicos más esenciales se privatizan, argumentando que así costarán menos a la ciudadanía debido a la competencia entre las empresas. Pero los resultados son contundentes: se ha producido una concentración monopolística a escala mundial (el agua, por ejemplo, es controlada por cinco grandes corporaciones multinacionales); la sustitución del monopolio público por el monopolio privado ha incrementado los precios, puestos de forma unilateral y con el único criterio del beneficio de los accionistas; el servicio que prestan se ha convertido en un calvario para los consumidores y las consumidoras del mismo, pues no están dispuestos a invertir en infraestructuras costosas, sino que buscan el beneficio a corto plazo. El grupo socialista ya intentó en su anterior legislatura privatizar el agua en el Ayuntamiento de León. Gracias a la presión ciudadana de una plataforma social se paró este proceso de privatización. Pero vuelven a la carga con su afán de privatizar los servicios públicos. Ahora lo quieren hacer con servicios que presta el Ayuntamiento alegando que funcionan mal o están sobredimensionados. En vez de arreglarlos o mejorar su gestión, utilizan esta excusa para privatizarlos. Pero ya sabemos por otras experiencias lo que supone la privatización de los servicios públicos. La privatización del metro en Londres incrementó su coste veinte veces más; y la privatización de las infraestructuras ferroviarias ha supuesto el aumento constante de las tarifas (las más elevadas de la UE), la desaparición de servicios, muchos sin previo aviso, el abandono del mantenimiento de la infraestructura, la falta de renovación de los sistemas de seguridad con un elevado coste en vidas. En España, el Tribunal de Cuentas destapó, en su fiscalización de la gestión de 2000 de la empresa de ferrocarriles Renfe, que el recorte de la compañía afectaba a la calidad del servicio a los usuarios y las usuarias y generaba riesgo de accidentes por la baja inversión en el mantenimiento de vías e infraestructuras. La privatización de las empresas energéticas en el Estado español ha producido igualmente un gravísimo deterioro de un servicio básico (cortes en el suministro eléctrico de varios días de duración en amplias zonas geográficas del estado en tiempos de nevadas), motivadas por el recorte de inversiones de las compañías eléctricas si no se les garantizan sobrebeneficios; se privatiza la enseñanza concertando a los colegios de élite que no admiten a minorías o alumnado con dificultades (sólo el 2% está en estos centros); se autorizan universidades privadas para que expendan títulos para quienes pueden pagarlos... Los logros sociales (servicios públicos o sistemas de protección social, sanitaria y educativa universales) conseguidos con las luchas de tantos trabajadores y trabajadoras a lo largo de muchos años, están condenados con las políticas de administraciones y gobiernos con este «talante». El argumento que se esgrime para privatizar las empresas públicas es que éstas suelen ser ineficaces (aunque las empresas siderúrgicas más eficientes del mundo son las fundadas y gestionadas por los Estados de Corea y Taiwan). Se considera que las empresas privadas realizarán esta tarea de forma más eficaz. Pero tenemos que ser conscientes de que cuando las empresas privadas pasan a gestionar los «antiguos» servicios públicos, lo hacen esperando sacar unos beneficios considerables. Si el Ayuntamiento los suministraba sin costes añadidos, las empresas añaden el «coste» de su propio beneficio. Un «añadido» que sólo puede conseguirse recortando la inversión (reduciendo los salarios de los trabajadores y trabajadores empleados o precarizando sus contratos laborales, reduciendo los niveles de seguridad, erosionando los derechos sindicales, minimizando los períodos de formación, etcétera) y/o reduciendo el servicio que prestan (reduciendo el número de personal, incrementando el precio de los servicios, evitando el mantenimiento de las infraestructuras, eliminando servicios «no rentables», etcétera). La privatización, por supuesto, hace pasar de los números rojos a los negros, pero sólo gracias al incremento de los precios, el mayor número de accidentes, un drástico recorte del empleo y una mayor inseguridad laboral. Además empieza a ser una práctica habitual de las empresas privadas que acceden a explotar estos servicios privatizados no correr ningún riesgo financiero (que es lo característico del mercado, según la definición neoliberal), ya que en los pliegos de condiciones de toda privatización se aseguran que, en caso de déficit o quiebra, las Administraciones públicas están obligadas a intervenir y asumir las deudas y pérdidas que declaren. El Ayuntamiento de Ponferrada ya privatizó la gestión de la limpieza (en estas políticas, que son las importantes para la ciudadanía, no se distingue la política del PP y la del PSOE). La empresa FCC, que ha gestionado el servicio de limpieza durante el año 2005, exige que el Ayuntamiento, con los impuestos de sus ciudadanos y ciudadanas, le pague un millón de euros para compensar el déficit que, según dice, ha tenido por la gestión de la limpieza. Esto sí que es jugar sobre seguro. Es una estafa proteccionista, un New Deal neoconservador que transfiere fondos públicos a empresas privadas. Las mismas personas contribuyentes, que ya pagaron por los servicios, tendrán que volver a pagar a estas empresas de nuevo, esta vez para compensar sus pérdidas. Si bien las ganancias son estrictamente privadas, resulta que todo el riesgo lo carga el público. Por eso Susan George (2004) sugiere dejar de hablar de privatización y «utilizar términos que hagan honor a la verdad: estamos hablando de alienar y poner el producto de décadas de trabajo de miles de personas en manos de una ínfima minoría de grandes inversores. Esto no es otra cosa que uno de los más grandes atracos padecidos por nuestra generación y todas las anteriores». Lo que nos tenemos que preguntar entonces es si la política económica que quiere hacer la actual corporación del Ayuntamiento de León o que ya vienen haciendo los principales ayuntamientos de la provincia, como el de Ponferrada o el de San Andrés del Rabanedo (donde el agua, por ejemplo, ya lleva privatizada años) son políticas realmente sociales y al servicio de quién se hacen.