Economía y elecciones

ANTES, incluso, de que estallara este verano la crisis de las hipotecas «subprime» en los Estados Unidos, que ha originado la actual etapa de inquietud e inestabilidad, diversas voces recomendaron a Rodríguez Zapatero que, puesto que el cambio de ciclo económico era un futurible cierto, parecía razonable anticipar las elecciones generales unos meses, antes del final del 2007, para evitar precisamente que el empeoramiento de la coyuntura terminara generando la crisis de confianza que, finalmente, es ya una realidad. El presidente del Gobierno hizo caso omiso de aquellas insinuaciones, consciente quizá de que la opinión pública agradece que se respeten los ritmos institucionales, más allá de las conveniencias de los partidos y aunque el jefe del Ejecutivo tenga constitucionalmente la facultad de disolver el Parlamento en cualquier momento. Pero los malos datos han saltado a borbotones a la cara del Gobierno y del PSOE. Lo cierto es que la situación se ha complicado, conforme a una secuencia bien conocida. El previsible enfriamiento del muy sobrecalentado sector construcción español se aceleró gracias a la mencionada crisis internacional de las hipotecas; simultáneamente, el IPC se ha disparado, sobre todo por la escalada imparable del crudo pero también por la insuficiencia mundial de la oferta de alimentos, que ha actuado sobre los precios de los productos de primera necesidad; el consumo interno, que ha sido otro de los pilares del fuerte crecimiento de los últimos años, ha comenzado a menguar, en parte por la subida del euribor -que ha reducido el poder adquisitivo de los consumidores endeudados- y de los demás precios, en parte por las malas expectativas de futuro que se advierten bien explícitamente en la evolución de los diferentes indicadores; además, el previsible incremento del desempleo -inevitable en el sector construcción- reducirá asimismo el consumo e incrementará el gasto público; finalmente, no es previsible que la sensible mejoría del sector exterior que se ha registrado en el último tramo de 2007 se mantenga ya que la mala situación general de la economía afectará a los demás países comunitarios, que son nuestros principales clientes. Así las cosas, cualquier intento de objetivar la situación, que es muy volátil, plantea lógica dificultad. Lo cierto -y así lo reconocen todos los analistas- es que resulta completamente irreal hablar todavía de crisis económica puesto que todas las previsiones actuales afirman que el PIB español seguirá creciendo en 2008 a tasas del orden del 3% anual. Con todo, la percepción social de la situación refleja inquietud: el último barómetro del CIS ponía de manifiesto que el desempleo vuelve a ser la principal preocupación de los ciudadanos, a pesar de que estamos en una buena situación, cercana al pleno empleo masculino y con un paro femenino inferior al 10%. En estas circunstancias, es lógico pensar que la «crisis» -vamos a llamarla así- tendrá influencia en las elecciones de marzo. Pero ¿en qué dirección? La opinión pública de este país es, pese a la relativa despolitización reinante sabe perfectamente que la situación de nuestra economía tiene dos elementos originarios: el agotamiento de un modelo basado en la construcción y el consumo, del que han sido responsables por igual PP y PSOE que se han turnado durante la etapa de gran prosperidad, y la situación mundial. No parece, pues, que vayan a tener éxito los intentos de culpabilizar al Gobierno actual o al anterior de la relativa adversidad que nos aqueja. Sí tendrán en cambio influencia las propuestas de futuro, si es que realmente PP y PSOE efectúan planteamientos diferentes sobre el porvenir. Porque las recetas son conocidas y escasamente opinables: el cambio del modelo de crecimiento pasa inexorablemente por la conquista de la productividad, que a su vez depende de la inversión en educación y en I+D+i. Con toda probabilidad, los programas de los dos grandes partidos incluirán estas consideraciones.