Atutxa

EN LOS peores años de violencia etarra y cuando más aguda era la escisión en la propia sociedad vasca, el entonces consejero de Interior, Juan María Atutxa, representaba para eso que se ha dado en llamar «Madrid» un bálsamo y, sobre todo, una esperanza. Su ponderación, su actitud dialogante y conciliadora, su autoridad moral, su beligerancia contra el crímen y su simpatía le granjearon el aprecio de los pacíficos y la enemiga de los violentos, que quisieron quitarle de enmedio con un atentado que a punto estuvo de costarle la vida. Pero, lo que son las cosas, el mismo hombre que abrió un portillo de esperanza para la paz en la oscuridad cerrada del eterno conflicto, es hoy perseguido por la Justicia por eso mismo, por haberse negado desde la presidencia del Parlamento Vasco a ejecutar algo contrario a su política de pacificación y a la propia naturaleza de su cargo, la disolución de uno de los grupos parlamentarios electos que lo componían, el de Batasuna. El sábado se manifestaron miles de personas en Bilbao, convocados por PNV, EA, EB y Aralar, para protestar contra el procesamiento del apreciado político y contra la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, pero, independientemente de la opinión que el caso pueda merecer a cada cual, se trata de un asunto que trasciende el ámbito del País Vasco y del propio Atutxa: el de la indeseable judicialización de la política. Ésta, que para ser de veras democrática ha de ser libre, y no tener otro límite que el de la ley general, no pude verse continuamente invadida y limitada por los tribunales de Justicia, que en ningún caso pueden suplantar o reconducir la soberana voluntad del pueblo libremente expresada en las urnas. La injerencia constante de la Justicia en la Política va en menoscabo de ambas, y, en consecuencia en perjuicio de la sociedad que las necesita separadas e independientes para no sucumbir, aplastada, entre ellas.